El concejal no adscrito del Ayuntamiento de la capital malagueña y candidato por Compromiso Verde por Málaga (cvM), Antonio Serrano, ha denunciado este viernes ante la Fiscalía la aparición de huesos en la zona de La Corta, en una finca propiedad de la Diputación; su enterramiento ilegal en esta parcela; el depósito continuado de escombro y tierra permitido por el Consistorio sobre terrenos precintados judicialmente, y la ausencia de control en el desmantelamiento del cementerio de San Miguel.

A juicio del candidato por cvM a la Alcaldía de Málaga, los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos relativos a "la obstrucción a la Justicia, contra el respeto a los difuntos y contra el medio ambiente", por lo que solicita la apertura de una investigación.

Tras ser avisado Serrano por vecinos, el edil alertó sobre las 10.00 horas de este pasado jueves del hallazgo de huesos humanos a la Policía Local, que, a su vez, comunicó los hechos al Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes se trasladaron al lugar, la antigua cantera del Cerro de Los Ángeles, junto con una comisión judicial, para la retirada de los restos óseos.

Según señala Serrano en el escrito presentado ante la Fiscalía, "decenas de camiones depositaron en este lugar numerosos restos de difuntos procedentes de los trabajos de desmantelamiento del antiguo cementerio de San Miguel; trabajos realizados por el Ayuntamiento de Málaga entre los años 1992 y 2007".

Este hallazgo evidencia, según el concejal, que el traslado del cementerio de San Miguel "ha sido un proceso irregular", al tiempo que ha dejado claro que "no vamos a permitir que los restos de nuestros muertos descansen entre vertidos de escombro y tierra en cualquier lugar incontrolado".

De hecho, ha informado a Europa Press de que pedirá en el próximo pleno municipal una investigación en relación con el proceso llevado a cabo para el desmantelamiento de este camposanto.

Otros huesos en 2009

Serrano ya denunció ante la Fiscalía en 2009 el hallazgo de huesos en la misma zona, aunque, tras los correspondientes análisis, resultaron ser de animales. Al respecto, en su escrito ante la Fiscalía ha advertido de que "el precintado por orden judicial de entonces se encuentra unos 10 metros bajo tierra como consecuencia del vertido de toneladas de tierras y escombros sobre el lugar".

Ha indicado que la finca en la que se encuentran estos restos es propiedad de la Diputación, por lo que ha responsabilizado a esta institución de lo sucedido, "al no estar regulando los vertidos presuntamente ilegales de residuos áridos ni escombros que se vienen realizando en la finca al menos en los últimos 17 años"; pero también al Ayuntamiento, que es la administración que debe autorizar los vertidos.

"Los vertidos en cuestión los realizan las empresas Trayamar y Cinreb. La primera autorizada, según cartel colocado en el lugar, por la Diputación de Málaga, titular de la finca, y la segunda traslada áridos contratada por Metro Málaga", según el escrito presentado.