Unas 11.000 edificaciones irregulares de la comarca malagueña de la Axarquía podrán tener vías de solución, dejando abierta la Junta de Andalucía la posibilidad de su legalización. Para ello, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda está elaborando un decreto que establecerá los procedimientos que posibiliten el reconocimiento de estas construcciones, dotándolas de los servicios básicos.

Así lo ha explicado este viernes la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, tras reunirse con alcaldes de la Axarquía, a los que ha presentado los inventarios de edificaciones en suelo no urbanizable elaborados por la Junta relativos a 22 municipios axárquicos, en los que se contemplan un total de 12.760 construcciones.

Por tanto, las edificaciones para las que se buscará solución, de manera que puedan contar con infraestructuras y servicios básicos, representan un 86,5 por ciento del total inventariado, mientras que en 1.735 casos (el 13,5 por ciento) será necesario recomponer el orden alterado, por lo que algunas de estas edificaciones tendrán que ser demolidas, especialmente las que están en suelo de especial protección. Estas decisiones corresponderán a los respectivos ayuntamientos.

De esas 1.735 construcciones, un total de 859 se encuentran en suelos de especial protección y en 976 casos no han transcurrido aún los cuatro años para que, si no hay ningún expediente abierto, se considere que la infracción ha prescrito.

Los inventarios realizados no afectan, sin embargo, ni a Vélez-Málaga ni a Nerja ni a Torrox, por el número de habitantes, ni tampoco a Alcaucín, Árchez, La Viñuela y Totalán, éstos últimos bien "porque han manifestado su voluntad de no participar o por su situación penal algo compleja", ha expuesto la consejera.

De los 22 municipios, 14, que son los que no tienen planeamiento general, cuentan con un inventario completo, y los ocho restantes, sólo el relativo a las edificaciones en suelo no urbanizable protegido.

La confección de los inventarios es el primer paso para elaborar con posterioridad los planes municipales de inspección, una herramienta clave para que los ayuntamientos puedan planificar el ejercicio de disciplina urbanística y establecer los criterios objetivos que se priorizarán en las actuaciones de control. DECRETO

Para regular el régimen denominado de fuera de ordenación y asimilado a fuera de ordenación y que las construcciones en estos casos puedan tener acceso a unos mínimos servicios, Cruz ha reiterado que la Consejería que dirige está trabajando en la elaboración de una norma con rango de decreto. Aunque tendrá ámbito regional, la titular de Obras Públicas y Vivienda ha reconocido que "la Axarquía es una de las zonas que más lo ha demandado".

Según la consejera, con este inventario, los distintos planeamientos y el decreto "se dará a los ayuntamientos seguridad jurídica para sus actuaciones y garantía a la mayor parte de las personas para el reconocimiento de sus viviendas, dotándolas de los servicios mínimos". Aunque ha apuntado que de este modo se intentará que no haya más alcaldes incursos en procesos judiciales, ha subrayado que los ya abiertos seguirán su desarrollo y "corresponderá a los tribunales dictar sentencia".

Una vez que el decreto esté aprobado, lo que Cruz estima que suceda dentro de tres o seis meses, el propietario de la vivienda fuera de ordenación por propia iniciativa tendrá que solicitar su legalización, presentando un proyecto de actuación al ayuntamiento correspondiente, que solicitará los informes preceptivos para, finalmente, conceder la licencia de ocupación.

En cuanto a las edificaciones en régimen asimilado al fuera de ordenación —aquellas que han sido ilegales en su origen, pero cuya ilegalidad ha prescrito tras pasar más de cuatro años sin estar afectadas por ningún expediente—, el propietario demandará al consistorio el reconocimiento de su situación y la administración local determinará los servicios básicos, preferentemente mediante autoabastecimiento, para adecuar la construcción al uso al que se destina.

De todos modos, la titular de Obras Públicas y Vivienda ha dejado claro que la dotación de esas infraestructuras deberán ser siempre sin coste para la Administración, ya que, como ha manifestado, "los propietarios de viviendas irregulares no contribuyen, como sí lo hacen los vecinos de casas legalmente construidas, a la urbanización, las infraestructuras y los equipamientos del sector".

Por último, Cruz ha hecho hincapié en que "seremos contundentes para que el fenómeno de las viviendas ilegales en la Axarquía se contenga porque hay que defender el valor paisajístico y turístico que tiene esta comarca".

Los municipios malagueños a los que se les ha entregado la documentación son Almáchar, Arenas, Comares, Iznate, Moclinejo, Alfarnate, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Macharaviaya, Salares, Sedella, Alfarnatejo, Algarrobo, Benamocarra, Colmenar, Frigiliana, Periana, Sayalonga y Riogordo.