El concejal no adscrito del Ayuntamiento de la capital malagueña y candidato por Compromiso Verde por Málaga (cvM), Antonio Serrano, denunciará de nuevo ante la Fiscalía la aparición de huesos en la zona de La Corta, en una finca propiedad de la Diputación; su enterramiento ilegal en esta parcela; el depósito continuado de escombro y tierra permitido por el Consistorio sobre terrenos precintados judicialmente, y la ausencia de control en el desmantelamiento del cementerio de San Miguel.

De igual modo, el candidato de cvM a la Alcaldía de Málaga ha informado de que pedirá en el próximo pleno municipal una investigación en relación con el proceso llevado a cabo para el desmantelamiento de este camposanto, del que, en su opinión, proceden los restos óseos encontrados.

Tras ser avisado Serrano por vecinos, el edil alertó sobre las 10.00 horas de este jueves del hallazgo a la Policía Local, que, a su vez, comunicó los hechos al Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes se han trasladado al lugar, la antigua cantera del Cerro de Los Ángeles, junto con una comisión judicial, para la retirada de los restos, que el concejal defiende que son humanos.

Después de encontrar en 2009 en la misma zona otros restos óseos, que, tras los correspondientes análisis, resultaron ser de animales, Serrano ha advertido de que "el precinto judicial de entonces ha sido sepultado con toneladas de tierra"

Este hallazgo evidencia, según el concejal, que el traslado del cementerio de San Miguel "ha sido un proceso irregular", al tiempo que ha dejado claro que "no vamos a permitir que los restos de nuestros muertos descansen entre vertidos de escombro y tierra en cualquier lugar incontrolado".

Según ha indicado Serrano, la finca en la que se encuentran estos restos es propiedad de la Diputación, por lo que ha responsabilizado a esta institución de lo sucedido, "al no estar regulando los vertidos presuntamente ilegales de residuos áridos ni escombros que se vienen realizando en la finca al menos en los últimos 17 años". Pero también al Ayuntamiento, que es la administración que debe autorizar los vertidos, y a la Junta de Andalucía, porque debe actuar cuando se trata de restos humanos.

En este sentido, ha resaltado "la grave actitud negligente" del Ayuntamiento, "al no haber cumplido el precinto judicial y al no velar por la legalidad, no sancionando a la propiedad del suelo ni a las empresas privadas que llevan haciendo vertidos ilegales en la finca al menos durante 17 años".

Tal y como ha apuntado el candidato de CVM, algunas de estas empresas son subcontratas de obras públicas y, en ciertos casos, de trabajos del propio Ayuntamiento.