El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, ha afirmado que el trabajo realizado por su Departamento en los últimos tres años "ha sentado las bases" para una nueva Administración de Justicia, adaptada "a los tiempos que estamos viviendo".

Silva se ha pronunciado así en una rueda de prensa de balance del periodo 2008-2011, es decir, desde que Aragón gestiona las competencias de la Administración de Justicia, en la que ha estado acompañado por el viceconsejero de Justicia, José María Bescós, y por el director general de Administración de Justicia, José Borrás.

El consejero ha reconocido que "queda mucho por hacer", pero "hemos marcado el camino" y está "todo planificado, con dinero comprometido, o resuelto" para implantar la Nueva Oficia Judicial, "una nueva forma de trabajar en los juzgados, el gran reto del momento", que supone un "punto y aparte" y que "no tiene marcha atrás.

"Durará más o menos", pero es "una línea de no retorno" ya que dar marcha atrás provocaría "conflictos importantes", además de que supone pasar de una Administración de Justicia "obsoleta" a otra "del siglo XXI", si bien ha reconocido que, en general, "al cambio siempre se le tiene mucho medio".

El consejero ha recordado que se ha puesto en marcha un proyecto de transición como antesala a un plan piloto de la Sección Civil del Servicio de Ejecutorias que se instaurará previsiblemente el próximo mes de septiembre.

Este proyecto de transición ha consistido en la contratación durante seis meses, desde este pasado mes de febrero, de 16 funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en los Juzgados de Primera Instancia para adecuar los registros informáticos, reducir los tiempos de respuesta, realizar inventario de procedimientos y reducir pendencias de ejecutorias.

Nuevas tecnologías

Silva ha destacado, entre las acciones desarrolladas estos tres años, los más de tres millones de euros invertidos en tecnologías de la información y de la comunicación.

Así, se está ejecutando un plan, tanto de hardware como de software, que en una primera etapa supuso sustituir el hardware obsoleto en unos 1.500 puestos de trabajo, renovando ordenadores, 439 impresoras, fotocopiadoras y faxes. Además se han instalado diez sistemas de videoconferencia y digitalizado 65 salas de vistas.

En una segunda etapa, el Departamento ha firmado con la Administración central varios convenios para la cesión de aplicaciones informáticas. Se trata de los programas Lexnet, para el intercambio seguro de documentos judiciales; el Minerva Nueva Oficina Judicial, para tramitación de asuntos procesales; el Ainoa, para gestión de nómina y administración de personal, y Fortuny.

En esta línea, y para favorecer una "mayor coordinación" y "rentabilizar medios y esfuerzos", el Gobierno de Aragón está trabajando en colaboración con el Ministerio de Justicia en el marco del Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012, ha dicho Silva.

Además, Aragón se ha sumado al proyecto de Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad para que los juzgados y tribunales puedan trabajar en red y se ha adherido al proyecto de modernización tecnológica Ius+Red. Este último contempla una inversión máxima de 1,2 millones de euros entre 2010 y 2012, cofinanciada por Gobierno autonómico y ministerio.

El consejero ha expresado que para poder utilizar las nuevas aplicaciones se han realizado más de 30 cursos de formación en relación con la Nueva Oficina Judicial y los programas informáticos, así como enseñanza 'on line'. Se ha invertido cerca de 200.000 euros. PERSONAL

Rogelio Silva ha expuesto que en estos tres años se ha incrementado el personal un 15 por ciento, con 154 personas más. Concretamente, la creación de nuevas unidades judiciales ha supuesto contar con 117 trabajadores más y se han reforzado determinados juzgados con 47 empleados.

El consejero ha estimado que ha habido una "relación frecuente" con los representantes de los trabajadores, con "roces en momentos puntuales", pero "hemos escuchado, informado y mantenido un contacto continuo". Concretamente, se ha creado una Mesa sectorial de Administración de Justicia, que se ha convocado 17 veces.

Asimismo, se han creado tres comisiones mixtas, con los secretarios judiciales destinados en la Comunidad, con la Fiscalía y con el Consejo General del Poder Judicial para "una mejor cooperación".

El consejero ha resaltado la reivindicación de Aragón y del resto de Comunidades autónomas con las competencias transferidas de que "se produzca un traspaso efectivo de todas las competencias en materia de personal no judicial" mediante la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Al respecto, ha explicado que si en una jurisdicción sobra personal y en otra falta, la Comunidad autónoma no puede "pasarlos de una otra" porque no tiene competencias para ello.

Asimismo, ha dicho que las Comunidades han elaborado un documento, que llegará al Ministerio de Justicia "en días" para esa reforma y ha deseado que los dos grandes partidos políticos, Partido Socialista y Partido Popular, se pongan de acuerdo para su reforma en el Congreso. ESPACIOS

Silva se ha referido también al Plan de Infraestructuras Judiciales, que va a suponer incrementar la superficie destinada a la Administración de Justicia en Aragón en más de un 66 por ciento, además de suprimir el alquiler de 7.000 metros cuadrados, y una inversión de 35 millones de euros.

En Zaragoza, se creará la Ciudad de la Justicia en los antiguos pabellones de las Comunidades autónomas y empresas de la Exposición Internacional de 2008, agrupará todos los órganos judiciales unipersonales de Zaragoza. Tendrá una superficie total construida de 49.237 metros cuadrados, más 351 plazas de aparcamientos.

Además, se está acometiendo la ampliación de la Audiencia Provincial de Zaragoza, edificio de nueva planta de cerca de 6.000 metros cuadrados, entre las calles Galo Ponte, Paraíso y Morata de Zaragoza, sobre un solar de 1.099 metros cuadrados.

En Huesca, 26 empresas se han presentado para realizar las obras de construcción del nuevo Palacio de Justicia, que se ubicará en la calle Calatayud, angular a calle Irene Izárbez, "y que estará adjudicado previsiblemente a finales de este mes de marzo". Los arquitectos planean un inmueble de 12.100 metros cuadrados repartidos en seis plantas.

En Teruel, el Palacio de Justicia ha duplicado la superficie destinada a albergar los juzgados de la capital turolense, con cerca de 6.000 metros cuadrados, tras el proyecto de reforma y ampliación llevado a cabo por el Ministerio de Justicia, con una inversión de más de 2,4 millones de euros.

Además, Fraga ha estrenado nuevas instalaciones, en un solar de 2.182 metros cuadrados, y Caspe dispone de un nuevo edificio con una superficie construida de 1.590 metros cuadrados. A estas inversiones se añaden actuaciones de mantenimiento y reparación en Monzón, Jaca, Calatayud o Alcañiz, entre otros lugares, con un desembolso cercano a los dos millones de euros.

Nuevas unidades

La Administración de Justicia en Aragón se ha incrementado en estos tres años en doce juzgados más y un juez de adscripción territorial, por encima de la media de años anteriores a la asunción de las competencias que se situaba en la creación de dos juzgados anualmente.

Esto ha supuesto una inversión por parte del Gobierno de Aragón de más de 4,1 millones de euros para dotarles de los medios personales y materiales adecuados. Silva ha avanzado que este año solicitarán nuevos juzgados "tras las consultas oportunas".