El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha acusado a la Junta de "mutilar la democracia" por evitar comparecer en el Parlamento para aclarar 75 asuntos "espinosos" desde el comienzo de la legislatura y le ha recriminado que no explique cuestiones "turbias y de corruptela" como la trama solar, el caso Gürtel, el edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo (Valladolid) o el Plan de Ordenación general Urbana (PGOU) de Valladolid.

La portavoz del Grupo, Ana Redondo, y el procurador Socialista Jorge Félix Alonso han ofrecido este jueves una rueda de prensa para hacer balance de las comparecencias pendientes del Administración autonómica, 64 de las cuales fueron solicitadas a consejeros. En su intervención, han advertido de la "falta de transparencia" de la Junta, lo que a su juicio se ha traducido en un "deterioro de la democracia" en la Comunidad en los últimos cuatro años.

Según Alonso, hay cinco intervenciones pendientes de 2007, nueve de 2008, once de 2009 y 36 de 2010. Entre ellas, Redondo ha destacado cuatro que "han minado la credibilidad" del Gobierno regional.

Así, se ha referido a la trama solar, a raíz de la cual como ha señalado ningún implicado ha sido apartado de la Administración ni ha cumplido las sanciones fijadas por la Junta. En este sentido, ha recordado que el ex secretario territorial Javier Lasarte continúa adscrito a la Gerencia Regional de Salud de León o que el ex jefe de la Oficina Territorial de Trabajo en Zamora, José Bahamonde, continúa prestando servicios en esta provincia.

Además, ha manifestado que otros cinco casos, que no recurrieron las sanciones como sí lo hicieron los dos anteriores, siguen ejerciendo sus funciones y ha criticado que la Junta justifique que cinco funcionarios no pueden ser apartados por su repercusión negativa en el servicio que prestan. "Alguien, si no son ellos, deberían responder por ello", ha solicitado.

Redondo también ha aludido al edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda que, según ha recalcado, en un primer momento iba a ser arrendado por la Junta por cien millones en un plazo de 15 años y finalmente, "tras las presiones políticas y mediáticas", se compró por 52 millones impidiéndose de esta forma "un pelotazo urbanístico de gran magnitud".

La portavoz ha recordado que la tasación oficial marcaba el coste del inmueble en 42 millones, diez menos que el precio final, pero que esta diferencia no se ha aclarado en las Cortes en una nueva muestra de "opacismo". Al hilo de ello, ha recriminado que no compareciera el tasador y que se haya "vetado" no sólo esa información sino además el informe de fiscalización del proceso de compra del Consejo de Cuentas.

Gürtel y pgou de valladolid

Como tercer asunto "turbio", se ha referido al caso Gürtel, a raíz del cual "no ha habido dimisiones ni aclaraciones". Redondo ha reiterado que se solicitó la intervención del ex diputado por Segovia Jesús Merino así como del presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, y que a cambio sólo se consiguió la del consejero de Fomento, Antonio Silván, en referencia al expediente de Olleros de Alba (León).

"La responsabilidad política tendría que haber llevado a la dimisión de los imputados, pero no ha habido ni dimisión ni aclaraciones", ha insistido.

Finalmente, ha aludido al PGOU de Valladolid, cuestión sobre la que se registraron dos solicitudes de comparecencia de Silván, quien según Redondo "mintió en el Parlamento" al decir que daría todo tipo de explicaciones y después no ha habido respuestas positivas.

"No estoy haciendo valoraciones, estoy constatando un hecho", ha señalado la portavoz, al tiempo que ha incidido en que "en ningún caso ha habido voluntad de transparencia" del Gobierno autonómico ni "el PP se ha mostrado contundente" a la hora de informar y depurar responsabilidades.

"Esto lleva al desprestigio de la clase política. Cuando se produce algo de estas características, los políticos tienen que tomar la riendas", ha concluido.