La asesoría jurídica de la Xunta elabora "en estos momentos" otro recurso que el Gobierno gallego presentará ante la Audiencia Nacional (AN) contra la resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se fijan los volúmenes de carbón nacional a quemar, la cantidad de electricidad a generar por las centrales térmicas que utilizan este producto como combustible y los precios de referencia de la electricidad.

Todos estos aspectos desarrollan el denominado decreto del carbón, tal y como han explicado el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra y el director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, en rueda de prensa la jornada después de reunirse, en Madrid, con el actual responsable de Energía, Fabricio Hernández Pampaloni —fue nombrado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de enero—.

En la comparecencia, ambos responsables gallegos han destacado, además, que el Ejecutivo autonómico mantendrá "vivos" los recursos ya interpuestos ante el Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal Supremo. "Si el Gobierno tiene una decisión tomada, nosotros también, y seguiremos en los tribunales porque creemos que tenemos razón", ha aseverado el conselleiro Javier Guerra.

Por su parte, Bernardo Tahoces ha precisado que ninguno de estos recursos es "paralizante" en sus efectos, después de que los tribunales considerasen que las cautelares "no eran necesarias", como ha puntualizado Guerra.

Así, y tras tener "la oportunidad" de exponer ante el nuevo responsable de Energía del Gobierno central la postura de la Xunta, "en defensa de los intereses de Galicia", el Gobierno autonómico recibió por respuesta que, por lo que respecta al decreto, "es una decisión tomada que no van a reconsiderar". "Y no hay nada más que hacer a ese respecto", indicó el ministerio, según ha explicado Guerra.

Ante la "incapacidad" de "cambiar" lo que la Xunta valora como "una decisión arbitraria" que va a afectar a transportistas, puerto de Ferrol y "los propios" ayuntamientos, "no queda otra que mantener los recursos", ha subrayado el titular de Economía e Industria.

Comisión de seguimiento y acuerdos con las compañías

Asimismo, ha vuelto a defender la pertinencia de que Galicia participe en la comisión de seguimiento que creó el Ejecutivo central para medir los efectos "reales" del decreto sobre el sector, puesto que lo ve "lógico, razonable y de justicia". Tras volver a solicitarlo este martes, en persona, a Fabricio Hernández, este quedó en "responder" a la Xunta, según ha indicado Guerra y ha avisado que "si la respuesta fuese negativa, no se entendería".

Otra de las cuestiones que plantearon ante el secretario de Estado de Energía fue conocer "cuáles son las conclusiones de esos acuerdos" que motivaron la retirada de los recursos también interpuestos por las compañías eléctricas contra el decreto. "No obtuvimos ninguna información", ha resaltado el conselleiro, por lo que la Xunta entiende que "acuerdo, acuerdo, no existió ninguno", algo que a las autoridades gallegas les provoca "sorpresa".

Así las cosas, y ya que el Gobierno gallego propuso, y se rechazaron, "dos alternativas" que pasan por las "compensaciones" al sector y la "revisión" del mix de producción energética para que los perjuicios no sean solo para las térmicas que utilizan carbón de importación —caso de la de As Pontes y Meirama—, Guerra ha interpretado que "si hay otros objetivos políticos en otras comunidades, Galicia no puede hacer nada más".

De todos modos, ha recalcado que existe "consenso" en la Comunidad Autónoma en oponerse al decreto del carbón, a pesar de la "abstención de algún partido", por el PSdeG. "Aunque alcaldes socialistas y algún líder socialista sí están en este proceso", ha confrontado. "Galicia tiene que defender sus intereses, y puede que sea incómoda para el Gobierno de España, pero plantea con rigurosidad sus reclamaciones", ha resuelto.