La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón al Cabildo de Tenerife reconociendo que tiene las competencias en materia de planificación y ordenamiento en materia ferroviaria, sin embargo, ha anulado el Plan Territorial Especial del Tren del Sur.

Así se desprende de la sentencia dada a conocer este miércoles por el consejero de Economía y Competitividad del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, en una rueda de prensa, en la que ha señalado que tras dos años 'resuelve' la denuncia de la Federación Ben Magec Ecologistas en Acción.

Estos habían acudido a los tribunales asegurando que no se había formalmente traspasado las competencias en planificación ferroviaria por parte del Gobierno de Canarias, sin embargo, según el fallo jurídico —de 28 de febrero de 2011— el Plan Territorial Especial "supone la ordenación de las infraestructuras necesarias para la implantación de un medio de transporte guiado "de ámbito insular" línea ferroviaria correspondiente al Corredor Sur (...) y que atendiendo al artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de abril, como competencia propia de los Cabildos Insulares —por lo que resulta el caso— "la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal".

Sin embargo, el fallo ha dado la razón a los ecologistas en el sentidos en el que "declara nulo el acuerdo del pleno del Cabildo Insular de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria celebrado el 27 de marzo de 2009, de aprobación definitiva del Plan Territorial Especial de ordenación de Infraestructuras del Tren del Sur por infracción de la legislación sobre evaluación ambiental del planeamiento".

Asimismo, y tal y como ha explicado Alonso, también se ha declarado nulo por haber tardado más de 18 meses la tramitación del documento sobrepasando los límites previstos por la normativa.

Alonso ha insistido en que en ningún caso esto modificará los planes y el inicio de las obras. Ha asegurado en este sentido que desde la institución insular se planeaba la aprobación de una modificación del plan original que da respuestas a las demandas del TSJC. También ha insistido en que se valora la posibilidad de interponer un recurso de casación para que dentro de la exigencia de adaptar el plan a la normativa de 2006 en materia de Medio Ambiente quedar exentos como había propuesto el Gobierno de Canarias.