Casi medio centenar de personas, miembros de la Junta de Personal de la Administración de Justicia de Murcia, integrada por delegados de los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, se han concentrado este martes a las puertas de la Delegación del Gobierno para exigir el mantenimiento de todos los partidos judiciales de la Región, bajo la pancarta 'No al traslado forzoso'.

Y es que, según ha explicado a Europa Press José Sebastián Andreu, liberado sindical del sector de Justicia de CCOO, esto supondría "un alejamiento de la Justicia al ciudadano".

Actualmente, hay once partidos judiciales y se está hablando de disminuirlos en cinco o seis, algo, a juicio de CCOO, "insuficiente". Aquí, añadió Andreu, "se pretende una concentración de servicios pero ésta no deja de ser un experimento que daría resultados negativos, que los ciudadanos tuvieran que desplazarse incluso a 50 ó 60 kilómetros de distancia, lo cual es un perjuicio muy grande".

Además, apuntó, "se tendrían que suspender muchas diligencias y juicios, también causaría un perjuicio a funcionarios que después de estar años esperando a conseguir como destino su localidad verían ahora como pueden ser trasladados a otros destinos alejados de sus domicilios actuales".

Si todo esto sirviera para una mejora de la Justicia, indicó, "se entendería", pero, según el liberado sindical, "no es así". "Los experimentos como es el caso de la implantación de la Nueva Oficina Judicial ha sido un fracaso y esto es lo que supondrá la reducción de los partidos judiciales". Por lo que, remarcó, "no debería llevarse a cabo".

Según Andreu, la mejora de la Administración de Justicia pasa por la implantación y mejora de medios personales, es decir, más funcionarios, y mejores medios materiales" como es el caso de un programa informático que sirva al funcionario para el buen desarrollo de sus funciones debiendo de eliminarse, a su parecer, el actual programa, 'Minerva NOJ', "que es un fiasco para los funcionarios".

Lo único que queremos, concluyó José Sebastián Andreu en declaraciones a Europa Press, "es el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, que ésta suponga un beneficio real para el ciudadano y no tener una justicia de segunda o tercera de categoría".