La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Andalucía ha manifestado su intención de recurrir en los próximos días el nuevo decreto de escolarización que, entre otras novedades, convierte a las antiguas Comisiones Provinciales en Comisiones de Garantía para que velen por el cumplimiento de las normas de escolarización y garanticen el principio de igualdad de oportunidades de las familias en el acceso a los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

Según ha explicado a Europa Press la asesora jurídica de la CECE, Carmen Mora, Educación ha otorgado a estas Comisiones de Garantías "facultades decisorias" que van "más allá de las que le corresponden de acuerdo a la naturaleza de este órgano". En ese sentido, ha criticado que estas comisiones "vayan a poder adjudicar puestos escolares a los padres cuyos hijos se han quedado sin centros" por no ser esto "ajustado a derecho". De hecho, ha advertido, ya hay algunos tribunales superiores que "han tumbado" normas similares al considerar que estas entidades solo pueden velar por garantizar la transparencia en el proceso de admisión de los nuevos escolares "y no tomar decisiones al respecto".

El nuevo decreto de escolarización especifica, en su artículo 41, que las comisiones de garantías tendrán, entre otras, las funciones de "supervisar el procedimiento de admisión del alumnado", "garantizar la distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo así como proponer medidas correctoras tendentes al logro de este objetivo" o "proponer a la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial las medidas que estimen adecuadas en relación con el procedimiento de admisión del alumnado".

Ante ello, Mora considera que existen "bastantes posibilidades" de que pueda prosperar un recurso contra el nuevo decreto de escolarización y de ahí que lo vaya a estudiar en los próximos días con los responsables de la Confederación.

Más fraude en los concertados

Otro de los aspectos del nuevo decreto de escolarización analizado por la CECE es el de la elección de centro escolar por parte de las familias. Así, mientras que en la normativa de 2007 se señalaba solo el "derecho a elegir centro docente" de los padres, en el nuevo se especifica que dicha elección tendrá que realizarse "dentro de la programación de la red de centros realizada por la Consejería competente en materia de educación".

Esto significa, según Mora, que el derecho de las familias a elegir colegio "va a quedar supeditado" al de la programación que de las enseñanzas haga Educación. Y esto no supondría un "problema", advierte la asesora judicial de la CECE, "si la Consejería programara los puestos escolares de acuerdo a la demanda real de las familias", algo que, a su juicio, no ocurre. "Si en Andalucía se hiciera como en Madrid o en Valencia y se atendiera a las peticiones de las familias, los centros concertados y privados serían un 40 por ciento, y no un 18,88 por ciento como actualmente", ha lamentado.

Mora ha apuntado que, detrás de esta imposibilidad de las familias de acceder al centro docente que desean para sus hijos, es donde radican los casos de fraude escolar, que son "muchísimo más numerosos en los centros privados". "Nosotros no lo justificamos, es más, perseguimos los fraudes en los tribunales, pero el problema es que la gente se ve abocada a cometerlos porque no puede escolarizar a sus hijos en el centro que quiere", argumenta.

Con todo, la CECE ha valorado el endurecimiento de las sanciones por fraude que contempla el nuevo decreto —pérdida de la totalidad de los puntos si se demuestra el engaño documental— y ha asegurado que esto tendrá un "efecto disuasorio" para las familias.