El sindicato Sterm-Intersindical aclara que la novena manifestación que se sucederá este martes en la Gran Vía de Murcia es contra el 'tijeretazo' del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel y no contra la presencia de los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo, tras la firma del Acuerdo Social y Económico con el Ejecutivo central, que incluye el atraso de la edad de jubilación y de las cuantías de las pensiones.

En este sentido, el portavoz de la Intersindical, Toni Carrasco, subrayó que ambos son unos recortes "sin precedentes" con consecuencias "desastrosas", pero centrar la protesta contra los líderes sindicales, apostilló, "sería tirarnos piedra a nuestro propio tejado". No queremos, remarcó, "que se visualice en la manifestación la división de sindicatos cuando en realidad debemos estar más unidos que nunca".

Así, indicó, que queremos seguir movilizándonos con UGT y CCOO e incluso con otras organizaciones que abandonaran el preacuerdo contra el 'tijeretazo' de Valcárcel y los próximos tijeretazos del presidente murciano que, subrayó, "caerán sin duda después de las elecciones", tras lo que hizo un llamamiento a la movilización.

Explicó que como sindicato no han firmado el texto de modificación de la Ley regional de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas porque "en ningún sitio se garantiza que los acuerdos suspendidos no lo sigan siendo el año 2012".

Además, se acaba con una conquista histórica, las 35 horas semanales, "y no podemos aceptar un paso atrás en nuestros derechos más emblemáticos". Según el sindicato, se van a perder puestos de trabajo, ya que el acuerdo de 35 horas supuso la contratación de miles de personas.

Por lo que se preguntan "para qué ampliar la jornada en una ley de reducción del déficit si no hay una reducción de plantilla". En Sanidad, señalan, al menos 1.500 puestos a lo largo de 2012, en Administración y Servicios, al menos 200 puestos, en Enseñanza, a partir de septiembre, entre 350 y 1.200 puestos de trabajo en los diferentes niveles".

Los horarios deben negociarse en cada Mesa Sectorial, lo que significa, apuntan, que el aumento de jornada implicará cambios en las plantillas actuales, como la propia Ley prevé, obligando a una redistribución de efectivos. Se elimina la formación en la jornada, lo que evita que la ampliación de la jornada pudiera dedicarse a formación y la incapacidad transitoria se vincula, "de forma inadmisible", al programa contra el absentismo.

En este sentido, La Intersindical explicó que la intención de la Ley era reducir el gasto por las bajas por enfermedad común, para ello, reducían la prestación al 75 por ciento, ante el rechazo social, la nueva redacción propone un plan de absentismo, que tiene, según el sindicato, "el mismo objetivo y plantea la posibilidad de externalizar el control de bajas y su cobertura a una mutua privada que es la que, en su caso, visará la oportunidad de la baja. Al mismo tiempo, ya se están limitando en extremo las sustituciones del personal en baja".

El montante del Plan de Acción Social, apuntan, corresponde al 1 por ciento del total de la masa salarial. "Es parte de nuestro salario que decidimos redistribuirlo con criterio social" y la Administración disminuye las ayudas más sensible como natalidad, discapacidad, hijos o estudios.

Al tiempo que destacan que lo más grave de los descuentos retributivos es el incumplimiento, por parte de la Administración, de los acuerdos firmados en los últimos años, "despreciando el valor de la negociación colectiva y poniendo en cuestión la validez de sus compromisos".

En este aspecto, Sterm indica que es el personal de Administración y Servicios el que peor parado acaba al perder el cumplimiento del 100 por cien de homologación con el personal del Sistema Murciano de Salud (SMS) y los mejor parados el personal médico.

Por último, subraya, al conjunto del profesorado de la enseñanza concertada le bajan el sueldo en el mismo porcentaje que al de la pública, pero para los gastos de funcionamiento y material de los centros privados concertados no se reduce nada, mientras los centros públicos han sufrido una merma que oscila entre el 7 y el 20 por ciento.

No hay justificación

En definitiva, "esta Ley y el resto de medidas presupuestarias del Gobierno perjudican a las personas trabajadoras, empeoran lo público y benefician a lo privado", señala la Intersindical al tiempo que subraya su rechazo al Acuerdo Social y Económico y asegura que se impulsarán movilizaciones en todo el territorio español porque "no tiene ninguna justificación".

En este sentido, indicó que la Confederación Intersindical valora así muy negativamente y rechaza "sin paliativos" el acuerdo firmado entre UGT, CCOO, CEOE, CEPYME y Gobierno español, porque "supone un recorte sin precedente de las pensiones públicas y una claudicación sin ninguna justificación a los dictados del mercado, la banca y del sistema financiero internacional".

Este acuerdo, añade Sterm, "forma parte de la política de recortes de los derechos sociales, económicos y laborales y de desmantelamiento del estado de bienestar que comenzó con el plan de ajuste del mes de mayo, tuvo su continuación con la reforma laboral y ahora, culmina, de momento, con el pensionazo".