La Fiscalía del Principado dice que actúa de forma unitaria y pide que se deje trabajar a la Administración de Justicia

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha pedido este martes que se deje trabajar a la Administración de Justicia y ha destacado que la petición de inhibición a un Juzgado de Instrucción de Oviedo de la investigación de la Operación 'Marea' fue realizada por la fiscal encargada del procedimiento al considerar, que el grueso de los delitos investigados se había desarrollado presuntamente en Oviedo, de acuerdo con la legislación procesal, y sin que se trate por tanto de un pulso entre órganos de Oviedo y Gijón.

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha pedido este martes que se deje trabajar a la Administración de Justicia y ha destacado que la petición de inhibición a un Juzgado de Instrucción de Oviedo de la investigación de la Operación 'Marea' fue realizada por la fiscal encargada del procedimiento al considerar, que el grueso de los delitos investigados se había desarrollado presuntamente en Oviedo, de acuerdo con la legislación procesal, y sin que se trate por tanto de un pulso entre órganos de Oviedo y Gijón.

En el marco de la Operación 'Marea', por presuntas irregularidades en materia de contratación en el seno del Gobierno regional, se encuentran en prisión provisional el ex consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre; la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación y Ciencia, María Jesús Otero Rebollada y la ex funcionaria, Marta Renedo.

La fiscalía, en un comunicado, sostiene que el Ministerio Público es una institución jerárquica en la que existe unidad de actuación, de acuerdo con los principios de legalidad e imparcialidad. Esta unidad de actuación ha presidido este caso, al igual que el resto de procedimientos seguidos en el Principado de Asturias.

Afirma que la investigación del asunto ha sido desarrollada desde el inicio de la misma por la fiscal María Luisa García Vega, perteneciente a la Fiscalía de Área de Gijón, con la supervisión de la Fiscal Jefe de Gijón, Rosa María Álvarez, y del Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gerardo Herrero, quien a su vez dio cuenta a la Fiscalía General del Estado.

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