El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha reafirmado este sábado que el Plan Hidrológico Nacional (PHN) es "la solución única y definitiva a las necesidades hídricas de la Comunitat Valenciana y debe ser la base para nuevos acuerdos nacionales e internacionales que garanticen el agua para todos".

A su juicio, la falta de una autoridad hídrica nacional está provocando una confrontación entre comunidades autónomas "sin precedentes" y ha puesto como ejemplo el intento de los socialistas de Castilla La Mancha "de dejar inviable el Tajo-Segura y parte del Júcar-Vinalopó". "Lo intentaron con el Estatuto de Castilla-La Mancha y esta misma semana lo han intentado de nuevo admitiendo a trámite una Ley de Aguas que se reserva los caudales que pasan por su territorio", ha lamentado.

Así se ha manifestado Cotino durante la clausura de las jornadas 'Agua y Empleo' celebrada en la Institución Ferial de Alicante (IFA), en la que ha destacado que la Generalitat "ha cumplido y seguirá cumpliendo sus compromisos con los regantes, los usuarios del agua, los empresarios de todos los sectores, la sociedad en general, trabajando y haciendo obras para el buen uso del agua".

Por ello, ha asegurado que el Consell "está legitimado para reivindicar la aportación de caudales externos procedentes de trasvases como el del Ebro, que fueron aprobados por Ley en la única planificación hidrológica nacional aprobada con el consenso de todos", ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Durante su intervención, el conseller ha pedido al Gobierno central que garantice "agua de calidad y en cantidad suficiente, así como a un precio adecuado" a la Comunitat para poder asegurar "el futuro de la agricultura y, también, de la industria, del turismo y, en definitiva, de la economía de la Comunitat".

"un sinfín de trabas"

Asimismo, el vicepresidente del Consell ha criticado que el Gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero "está poniendo un sinfín de trabas" para impedir la llegada de agua a la Comunitat Valenciana y ha explicado que, por ejemplo, la empresa pública Acuamed ha tratado de paralizar las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó, presentando una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

"Sin embargo, los tribunales nos han dado la razón y han evitado que se echen por la borda los más de 70 millones de euros que ha invertido la Generalitat en estas obras", ha agregado.

Además, ha señalado que el Gobierno central lleva gastados más de 400 millones de euros en unas obras que "después de 6 años, los usuarios que tienen que gastar el agua todavía no saben ni qué calidad tiene ni a qué precio la van a pagar".

Sin alternativas al trasvase

Por otro lado, Cotino ha asegurado que siete años después de la derogación del trasvase del Ebro se ha constatado que la alternativa que propuso el Gobierno central, el Programa AGUA, con el que, según ha indicado el conseller, "pretendía llenar la costa de desaladoras no ha servido de nada, tan sólo ha sido un programa humo".

"Se han gastado más de 500 millones de euros en desalación para nada; ni hay luz para ponerlas en marcha, ni los agricultores pueden pagar ese agua a más de un euro el metro cúbico", ha señalado.

Por ello, ha recordado que el Consell solicitó a la vicepresidenta Económica del Gobierno central que modificara los Presupuestos Generales del Estado para 2011 "dedicando las partidas previstas a desalación a obras realmente útiles, como la modernización de regadíos y la reutilización, que tenían comprometidas con nuestra Comunitat y que no se han ejecutado".

Así, ha concluido que las desaladoras "tan sólo fueron una propuesta improvisada para derogar el trasvase del Ebro, en las que han derrochado el dinero de todos los valencianos, castellonenses y alicantinos, que no son sostenibles ni ambientalmente ni económicamente, además de perjudicar el ecosistema marino y suponer un coste energético muy elevado".

Agua y empleo

La clausura de la jornada Agua y Empleo ha contado con la asistencia de cerca de 2.000 personas entre agricultores, empresarios, catedráticos y profesores de Universidad y asociaciones de toda la Comunitat Valenciana.

El acto ha dado comienzo con las intervenciones de Benjamín Aparicio, presidente de la Federación de Regantes de la Comunitat Valenciana; Rafael Ferrando, presidente de Cierval; José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio; Joaquín Rocamora, presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) que ha procedido a la lectura de las conclusiones.