El ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM), Óscar Collado, imputado en el caso que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de esta sociedad en la pasada legislatura, se ha desvinculado ante el juez del panteón que habría realizado de forma gratuita la empresa pública, pese a estar valorado en 280.173 pesetas (1.690 euros más IVA), al ex alcalde de Palma y senador del PP por Mallorca, Joan Fageda.

Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11, Manuel Penalva, el principal encausado del caso Funeraria ha asegurado que no tuvo "nada que ver" en estos hechos como tampoco participó en sus negociaciones, según ha afirmado en referencia al panteón de piedra que, de acuerdo a las pesquisas, fue construido sin coste alguno en una tumba adquirida por el ex primer edil, a pesar de lo elevado de su importe, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En una comparecencia que tan sólo ha durado cinco minutos, Collado, en libertad bajo fianza de 100.000 euros y defendido por el letrado José Ignacio Herrero, ha negado además que sea su firma la rúbrica que aparece en la factura final de la venta de la sepultura, en la que no se repercutió el coste del panteón. "Supongo que todo se hizo de forma correcta", ha añadido el imputado.

Su declaración ha tenido lugar después de que el magistrado haya acordado reabrir la instrucción de la causa, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, para que pudiera ser interrogado por estos hechos, que constan en el auto que dictó el juez en junio de 2010 mediante el cual decretaba el final de la instrucción de la causa y transformaba las diligencias en procedimiento abreviado, para que el Ministerio Público y el Ayuntamiento presentasen sus escritos de acusación como paso previo al enjuiciamiento de los imputados.

La resolución apunta asimismo a que el ex gerente de la Funeraria compró una tumba a Fageda por importe de 600.000 pesetas, para posteriormente venderse en 1998 a un tercero por 200.000, mientras que en el año 2000 la EFM pagó por su reversión 328.257 pesetas.

Cabe recordar que el encausado se enfrenta a los presuntos delitos de falsedad documental, coacciones, amenazas, exacción ilegal, prevaricación, fraude ilegal -al adquirir material de proveedores por un precio superior al del mercado-, cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Hasta el momento, Collado se ha desvinculado de esta presunta trama de corrupción al negar haber cobrado comisiones ilegales a proveedores de la compañía pública, y rechaza haberse lucrado con la compra-venta de tumbas y ataúdes a través de la EFM. Es más, defiende que los gastos supuestamente privados que se le detectaron con cargo a las cuentas de la empresa "eran por representación".

Cabe recordar que el caso Funeraria se centra en las supuestas irregularidades cometidas por el ex gerente mediante la sustracción de dinero de entidad y el cobro de comisiones en la compraventa de tumbas y ataúdes. Las pesquisas comenzaron después de que el Ayuntamiento de Palma detectara una serie de supuestas facturas y contratos irregulares en la Funeraria que fueron puestos en manos de la Fiscalía al considerar que suponían indicios de irregularidad.

Además de Collado, también se encuentran imputados en este procedimiento la mujer del ex gerente, Francisca Moll; la ex presidenta de la EFM, Marina Sans; el constructor Juan Perelló, quien supuestamente realizó obras para la funeraria y se le atribuye haber proporcionado facturas falsas a Collado, y Ataúlfo del Hoyo, ex asesor jurídico de la empresa municipal a quien se le implica en parte de las irregularidades detectadas.