El Consejo de Ministros aprobará este viernes autorizaciones de emisión de deuda pública a un total de ocho comunidades autónomas por un importe global de más de 4.000 millones de euros, de los que 400 corresponden a Galicia, según han informado fuentes gubernamentales.

Las nuevas emisiones se destinarán a refinanciación de deuda y no supondrán aumentos del nivel de endeudamiento. La autorización de mayor cuantía será para Cataluña, que podrá emitir deuda por 1.866 millones de euros, ha indicado el Gobierno central, si bien la Xunta ha indicado que no se trata de refinanciar deuda, sino de endeudarse por el mismo importe de la que vence este mismo año.

La autorización para emitir deuda fue una de las cuestiones clave abordadas por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, con el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando ambos se reunieron a principios de mes en Madrid, y el propio Mas confió en obtener luz verde rápida para un primer tramo destinado a refinanciación.

Además, este viernes la Comunidad de Madrid recibirá autorización para 819 millones de euros, Andalucía para unos 500 millones, Baleares para más de 480 millones y Galicia para 400 millones. Por último, Asturias podrá emitir deuda por 71 millones de euros, Canarias por un total de 45 millones y Extremadura por 25 millones.

En 2010, el programa de deuda de la comunidad gallega se cerró con la emisión de un total de 1.835 millones de euros brutos. Asimismo, la Xunta ya había indicado que pidió al Gobierno central emitir deuda por el valor de la que vence este año. Según el Ejecutivo autonómico, esta operación, que es habitual para las comunidades, "no es refinanciar deuda", pues esta última vía consiste en renegociar las condiciones para, por ejemplo, alargar el plazo para devolver el importe.

Este año vencen 419 millones de euros de deuda y el Gobierno gallego ya ha pedido autorización para emitir nueva deuda por ese importe. Además de esta cifra, la comunidad podrá emitir otros 700 millones este año, correspondientes al endeudamiento autorizado a las autonomías, que es del 1,3% del producto interior bruto (PIB) en 2011.