El Ayuntamiento insta a Consell y Gobierno catalán a un acuerdo de reciprocidad de las emisiones de TV3 y C9

Los tres grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Castellón --PP, PSPV y Bloc-- han aprobado este jueves en el pleno y por unanimidad una declaración institucional en la que se insta al Consell y al Gobierno catalán a llegar a un acuerdo de reciprocidad por lo que se refiere a las emisiones de TV3 y los otros canales públicos catalanes y Canal 9 y el resto de canales públicos valencianos que permita que todos sean recibidos en el conjunto del territorio valenciano y catalán.

Los tres grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Castellón —PP, PSPV y Bloc— han aprobado este jueves en el pleno y por unanimidad una declaración institucional en la que se insta al Consell y al Gobierno catalán a llegar a un acuerdo de reciprocidad por lo que se refiere a las emisiones de TV3 y los otros canales públicos catalanes y Canal 9 y el resto de canales públicos valencianos que permita que todos sean recibidos en el conjunto del territorio valenciano y catalán.

Así mismo, se insta al Gobierno central a que habilite un canal múltiple adicional de TDT y a prestar conformidad a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular 'Televisió sense fronteres' para garantizar las emisiones de todas las televisiones realizadas total o parcialmente en la lengua propia en el conjunto del dominio lingüístico.

El portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, ha felicitado a todos los grupos políticos por este acuerdo y ha agradecido la presencia en el pleno de la TV3, mientras que ha lamentado la ausencia de Canal 9 "que parece no importarle lo que sucede en este pleno", ha dicho.

Así mismo, ha manifestado que "se trata de una reivindicación colectiva de la ciudad", y ha pedido al alcalde y a los grupos 'popular' y socialista que participen en la manifestación que se celebrará el sábado en Castellón para rechazar el fin de las emisiones de la TV3 en la Comunitat Valenciana.

Oposición a prospecciones

El pleno también ha aprobado por unanimidad una declaración institucional del grupo 'popular' en la que se manifiesta la oposición del Ayuntamiento a la realización de prospecciones petrolíferas en las aguas circundantes al Parque Natural de las Islas Columbretes y se piden las acciones necesarias para evitar que las concesiones del Gobierno sigan adelante.

Por otra parte, se ha dado el visto bueno a dos declaraciones institucionales del grupo socialista para pedir a la Generalitat la puesta en funcionamiento del Centro de Atención para Personas Dependientes Gran Vía y para respaldar las acciones emprendidas por la patronal azulejera Ascer contra la competencia desleal de China.

Además, se ha aprobado, con los votos en contra del grupo socialista, el proceso de información pública de la modificación número 11 del PGOU y del Estudios de Integración Paisajística que incluye un proyecto que posibilitará la obtención del suelo para tres zonas verdes de la ciudad que suman más de medio millón de metros cuadrados y propiciará la obtención de suelo para la zona deportiva complementaria de Grapa.

Libertad de expresión

El portavoz socialista, Juan María Calles, en el turno de ruegos y preguntas ha recordado el recurso de apelación desestimado recientemente por la sección segunda de la Audencia Provincial de Castellón del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, contra un auto de 29 de julio de 2010 que ya desestimaba un recurso de reforma contra la decisión del juzgado de instrucción número 3 de Castellón de sobreseer provisionalmente las actuaciones iniciadas por una querella del dirigente del PP contra Calles, por calumnias e injurias.

Según ha dicho, "esto deja en evidencia el intento de coartar la libertad de expresión de los adversarios políticos e indica que el alcalde no puede eludir el debate para tapar las vergüenzas de ninguno de sus concejales". Calles ha rogado al alcalde, Alberto Fabra, que "tome nota del contenido de la sentencia y deje de vetar los debates políticos".

En este sentido, ha señalado que la sentencia señala que "no se puede impedir que se debata en un pleno sobre imputaciones judiciales de un concejal", por lo que ha demandado al alcalde que "tome nota al respecto por el tiempo que le queda".

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