El consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, defiende la gestión autonómica de la Administración de Justicia como "garantía de progreso", ya que son las Comunidades Autónomas los entes que, por "cercanía y conocimiento", mejor pueden "diseñar actuaciones específicas que permitan ir mejorando paulatinamente" esta Administración, pese a lo que reconoce que, especialmente en materia de personal, "hay un amplio margen de mejora".

El consejero cántabro se ha referido así a las declaraciones efectuadas hoy por su homólogo madrileño, Francisco Granados, quien ha abogado por devolver las competencias sobre esta materia al Estado.

Frente a la posición del consejero madrileño, Mediavilla ha opinado que Cantabria es "un buen ejemplo de los beneficios" que implica una "correcta gestión autonómica" de la Administración de Justicia, en la que se "involucre a todos los operadores jurídicos: jueces y fiscales, empleados públicos, abogados, procuradores*".

En este sentido, el titular cántabro defiende que la gestión autonómica ha de entenderse como la realizada no por un gobierno autonómico en solitario, sino "por todos los operadores jurídicos de la Comunidad Autónoma".

Entendida así, opina, la "cercanía y el conocimiento de la realidad concreta es una clara garantía de progreso".

Para Mediavilla, los proyectos que se concluirán en esta primera legislatura en la que la Comunidad Autónoma ha ejercido las competencias sobre la materia -como el proyecto de modernización tecnológica 'Vereda' y la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Torrelavega- son "una buena muestra" de que la descentralización de esta competencia "imprime un plus de rapidez y eficacia en la gestión".

Con todo, el consejero cántabro reconoce que "aún existe un amplio margen de mejora", y considera "cierto" que en materia de personal se da una situación "incompatible" con una "gestión eficaz" de este ámbito.

En este punto, explica que es necesario que se produzca "justo lo contrario que pide Granados", en alusión a un "traspaso real" de las transferencias en ejecución y gestión en materia de personal a favor de las Autonomías.

De hecho, ha recordado el consejero, así lo acordaron las doce CC. AA. que tiene competencias en este ámbito, reunidas en Santander el pasado 21 de enero, una postura que ratificaron en la sectorial de Justicia celebrada en Madrid el 25 del mismo mes.

En esta línea, y en colaboración con otros gobiernos autonómicos, la Consejería de Justicia cántabra está trabajando en la elaboración de una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se contemplará la transferencia de las competencias normativas sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia.