La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos-Iniciativa Rural (COAG-IR) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla-La Mancha han asegurado que el Gobierno de España será "el verdugo real" del sector ganadero si no se adoptan de forma "urgente" las medidas que las tres organizaciones agrarias demandan, entre las que se encuentra un plan de choque.

Así lo han expresado en rueda de prensa el secretario regional de Asaja, José María Fresneda, y sus homólogos en COAG-IR, Alfonso Marín, y UPA, Julián Morcillo, donde han animado a ganaderos y consumidores a secundar la manifestación que tendrá lugar el próximo viernes, día 25, en Toledo, contra la crisis que atraviesa el sector.

En la misma, se espera la asistencia de unos 1.500 ganaderos, que marcharán desde la Puerta de Bisagra a las 11.00 horas hasta la plaza de Zocodover, donde, en torno a las 13.00 horas, se leerá un manifiesto con una tabla de reivindicaciones que será trasladada al Gobierno central.

Fresneda ha señalado que ha habido a nivel nacional reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y que en Castilla-La Mancha ha habido "miles de contactos", aunque ha destacado que el Gobierno de España "que es quien tiene que decidir, no ha hecho absolutamente nada".

Por ello, ha reiterado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "tendrá que asumir la responsabilidad" de lo que ocurra con el sector ganadero que, ha advertido, "si sigue así no va a pasar nada bueno" y "habrá mucha gente que se vaya a la calle"

Asimismo, a preguntas sobre el apoyo del PP de Castilla-La Mancha, José María Fresneda ha indicado que estos apoyos "siempre son bien recibidos si no se salen de la tabla reivindicativa", y ha apuntado que, aunque cualquier apoyo "es poco" para salir de esta crisis, las organizaciones quieren un compromiso "real" de apoyo al sector ganadero que se materialice en medidas legislativas.

Tabla reivindicativa

Las tres organizaciones instan al Ejecutivo central a que ponga en marcha medidas fiscales, económicas, de mercado y de protección al consumidor, aunque, han apuntado, son conscientes de que los efectos su aplicación en el sector "llevan su tiempo". Entre dichas medidas se encuentra un plan de choque, que sugieren que se financie con el presupuesto procedente del artículo 68 del Reglamento del Consejo Europeo, que permite dedicar fondos extraordinarios al sector ganadero.

Así, en cuanto a las medidas fiscales, Asaja, COAG-IR, y UPA piden un incremento del IVA compensatorio de un 8,5 por ciento a un diez en productos de las explotaciones ganaderas, equiparándose al de las producciones agrícolas, así como la reducción de los módulos en ganadería del método de estimación objetiva del IRPF.

Igualmente, exigen la supresión del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la reducción de la cotización de las cuotas sociales y la posibilidad de un período de carencia de seis meses en dicha cotización, además, de una refinanciación de los créditos existentes.

Respecto a las medidas económicas, los ganaderos solicitan incrementar los baremos de indemnización por sacrificio obligatorio, recuperar las partidas presupuestarias destinadas a la financiación en sanidad animal, el abaratamiento de los seguros agrarios ganaderos y la puesta en marcha.

En el caso de las medidas de mercado, las organizaciones piden el respeto a los costes de producción, reforzar los instrumentos de gestión de mercado en los sectores ganaderos y evitar que productos básicos para a alimentación sirvan "como instrumento para especular.

Del mismo modo, exigen la revisión de acuerdos con países de fuera de la Unión Europea para evitar la competencia desleal, el cumplimiento de la normativa vigente por parte de la industria agroalimentaria y potenciar los cultivos de proteaginosas a nivel comunitario, con el fin de que se limite la dependencia respecto a terceros países.

Por último, y como medidas encaminadas a la protección del consumidor, Asaja, COAG-IR, y UPA solicitan el cumplimiento "estricto" de trazabilidad para todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, el doble etiquetado en los alimentos para informar sobre el precio de origen y de venta final, indicando el lugar de procedencia, y el fomento del consumo de productos agrícolas nacionales.