La modificación de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía prevé que la inversión del Estado, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, sea equivalente al peso de la población de la Comunitat sobre el conjunto del Estado durante siete años. También se contempla la creación de una Comisión integrada por representantes de los gobiernos estatal y autonómico para "velar por ese criterio distributivo". No Adscritos solicitaba la inclusión de los ayuntamientos en esta comisión

La portavoz de No Adscritos, Marga Sanz, ha advertido de que la exclusión de los ayuntamientos de la comisión negociadora supondrá su "marginación política". Además, ha asegurado que esta reforma estatutaria supone "reconocer la estrechez" del texto valenciano en su creación, al tiempo que ha censurado que con esta modificación "se pretenda hacer creer a la opinión pública que se van a resolver los problemas de financiación" de la Comunitat.

En realidad, lo que se pretende es "seguir practicando el victimismo estéril" frente al Gobierno central, ha aseverado Sanz, quien ha remarcado que "el problema real" de la financiación "no se aborda desde esta reforma". La portavoz de No Adscritos, no obstante, ha matizado que no se oponen a la modificación de la disposición adicional que "no aporta nada" ni "empeora nada" al estatuto, toda vez que introduce una "herramienta útil" de negociación con el Estado, ha dicho.

Por su parte, 'populares' y socialistas han coincidido en que no es necesario incluir el ámbito municipal en la negociación de la inversión para infraestructuras, ya que esta competencia corresponde a la Administración autonómica. En este punto, el diputado del PSPV Antoni Such, ha señalado "hay otros medios para poner en valor el ámbito local" y ha propuesto buscarlos para "definir la apuesta en materia económica de los ayuntamientos".

Por parte del Gobierno valenciano, el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha defendido la validez del estatuto valenciano y, de hecho, ha afirmado que volverían ha realizar la reforma acometida en 2006. El conseller ha insistido así en que la vía para reclamar inversiones al Estado no debía formularse a través del estatuto, sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los textos catalán y andaluz, establece que no es contrario a la Constitución reclamar las inversiones para infraestructuras según variables como la población, a pesar de que no sea vinculante para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"La Comunitat no pretende obtener ningún privilegio" pero en los últimos PGE "se ha aplicado esta cláusula por estar contemplada" en el texto estatutario catalán, ha asegurado el conseller, quien ha explicado que "con la modificación de la disposición adicional primera del estatuto valenciano reivindicamos para la Comunitat lo que el Estado está otorgando a otras comunidades".

El diputado del PP David Serra ha alegado que la propuesta de No Adscritos "no aporta nada" y "no mejora" la propuesta de modificación del Consell al estatuto. Así, ha querido hacer una mención a los "dos símbolos y a los dos artífices" de la reforma de 2006, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el ex secretario general del PSPV y diputado autonómico, Joan Ignasi Pla, que "fueron capaces de impulsar una renovación y un nuevo estatuto a la altura de las circunstancias".

Serra ha señalado que la modificación de la disposición adicional que propone el Consell viene "sobrevenida" por un "cambio provocado por las decisiones del Gobierno de España" y su "visión asimétrica" del Estado de las Autonomías. Por ello, considera que la reforma es "oportuna y necesaria", porque "no queremos ser más que nadie pero tampoco menos" en materia de financiación, ha declarado.

El diputado del PSPV Toni Such ha lamentado que el elemento poblacional en materia de financiación no se incluyera en la reforma estatutaria de 2006 a pesar de la "apuesta tremendamente importante" de los socialistas por que se incorporara al texto estatutario en aquel momento. Por ello, si esta reforma que propone el Consell es una rectificación, "bienvenida sea la rectificación", ha dicho.

"definir nuestro futuro"

Asimismo, ha criticado la política "victimista" del Consell y ha manifestado que "no se trata de pedir permanentemente" al Gobierno central, sino que "hay que ser responsable en el gasto y corresponsable en la gestión fiscal", de lo contrario, "nos pasaremos toda la vida con la frustración de pedir permanentemente y de que no nos den permanentemente".

Such ha apostado así por "cambiar el registro de la concepción de nuestro autogobierno", donde las Corts "deben definir lo que quieren para el futuro y no mirar de reojo permanentemente a los demás a la hora de plantear lo que los otros hacen. Porque, si eso es así, lo que teníamos que haber hecho era no aprobar el estatuto y esperar al catalán o al andaluz y copiarlo". "Tenemos que ser los promotores de nuestra historia" y "definir nuestro futuro", ha insistido.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha lamentado que se hayan "perdido cuatro años" para realizar la reforma de un estatuto "descafeinado", porque ha supuesto, según ha dicho, una pérdida de 2.000 millones de euros para la Comunitat en materia de inversiones.

Asimismo, se ha referido a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en España que, según las filtraciones de Wikileaks, consideraba que la reforma estatutaria pactada por PP y PSPV "no se hizo teniendo en cuenta los intereses del pueblo valenciano". Morera ha subrayado que, según el cable que el embajador norteamericano envió a su gobierno, la reforma estatutaria se llevó a cabo porque el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "quería proyectarse como un líder centrista" en España. "Condenó los intereses estratégicos del pueblo valenciano por una miserable carrera política", ha remarcado.