El Defensor del Pueblo andaluz ha pedido a la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía que notifique a la organización de consumidores Facua Andalucía los procedimientos seguidos ante las denuncias presentadas por fraudes y abusos.

Facua había presentado una queja ante el Defensor por el hecho de que "la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía viene ocultando y negándose a informar a Facua Andalucía sobre las medidas que lleva a cabo tras sus denuncias de oficio, en muchos casos por fraudes masivos que sufren los consumidores".

Ante esto, el Defensor ha recomendado a la Junta que "conforme a los principios de buena administración y transparencia administrativa y no contrariando la legislación vigente, dé las instrucciones precisas para posibilitar que en los procedimientos sancionadores en materia de consumo iniciados por denuncia de una organización o asociación de consumidores y usuarios legítimamente constituida, la denunciante sea notificada tanto del acto administrativo de inicio o no del procedimiento, como de la resolución finalizadora del mismo, incluyendo el contenido de dicha resolución y firmeza".

Asimismo, el Defensor ha pedido a Consumo que "promueva una regulación expansiva de la consideración de las entidades asociativas en los procedimientos sancionadores instados por las mismas, conforme a la cual, las referidas asociaciones sean conceptuadas como denunciantes cualificadas, a efectos de acceso al conocimiento de la iniciación y finalización del procedimiento administrativo", según indica el Defensor en su resolución, consultada por Europa Press.

En una nota, Facua lamenta que "en muchos casos es una incógnita si Consumo actúa ante las irregularidades denunciadas por Facua Andalucía, el contenido de sus resoluciones, si aplica o no sanciones a las empresas que incurren en abusos y fraudes contra los consumidores, su cuantía y si éstas son finalmente abonadas".

Facua Andalucía ha explicado que denunció la situación ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que requirió a la Dirección General de Consumo que argumentase sus motivos. En su respuesta, Consumo advirtió que "ni siquiera la denuncia vincula a la Administración a efectos de quedar obligada, a instancia de parte, a la incoación de expediente sancionador" y que de hacerlo, "no tiene por qué considerar a Facua parte interesada en el procedimiento, aunque sea la propia denunciante".

La organización ha explicado que tras estudiar la cuestión, el Defensor ha emitido una resolución en la que advierte a Consumo que "es evidente que no puede quedar a la mera voluntad de la Administración la realización u omisión a su arbitrio de las actuaciones tendentes a hacer cumplir la legalidad vigente, dejando impunes los hechos que la infrinjan, cuando alguien a quien la norma legitima para denunciar los mismos, se haya preocupado en comunicarlos a quien debe sancionarlos, de resultar procedente".

Así, indica que "la competencia que ostenta la Administración lo es exclusivamente para incoar el procedimiento sancionador, sin que ello la legitime para decidir, arbitrariamente, ignorar el contenido de la denuncia y sustraerse a su obligación de reprimir las actuaciones infractoras" y ha agregado que "hacerlo infringe el principio de legalidad" al que está vinculada la Administración, como también "los de igualdad y seguridad jurídica", recuerda el Defensor del Pueblo Andaluz.

Facua "está legitimada"

En cuanto al trato que debe recibir, el Defensor recuerda a Consumo que Facua "además de actuar como denunciante en los expedientes iniciados a su instancia, está legitimada legalmente para actuar en nombre y representación de los consumidores y usuarios, cuyos intereses generales tiene por función defender y proteger, pudiendo para ello ejecutar las correspondientes acciones judiciales y extrajudiciales".

En este sentido, agrega que sólo teniendo acceso a "determinados aspectos del procedimiento puede comprobar la eficacia de su intervención denunciadora y, en su caso, la represión administrativa de la conducta atentatoria contra los intereses de los consumidores".

"Las asociaciones de consumidores y usuarios desempeñan una importante función de colaboración con la Administración que ésta no debería desdeñar, colocándola al mismo nivel que un ciudadano denunciante cualquiera, sino en la posición cualificada que por su naturaleza, legitimación plural y fines le corresponden", recalca el Defensor.

Como conclusión, el Defensor plantea que "una adecuada sensibilidad administrativa respecto de la labor que las asociaciones de consumidores, como Facua, desempeñan en la defensa de los intereses colectivos y difusos y, como colaboradoras prácticas de la Administración en la defensa de la legalidad vigente, hace inexorable reconocer su derecho a que conozcan el resultado de su denuncia, mediante la notificación de la resolución que el procedimiento sancionador iniciado a su instancia recaiga".