Luz verde unánime al Consello Galego da Competencia, que permitirá ahorrar entre 50.000 y 70.000 euros al año

La oposición espera que la Xunta "cumpla" ley y ve en ésta la pervivencia del Estado autonómico y PP defiende que lo hará

Los votos de todos los grupos parlamentarios han dado luz verde a la ley por la que se fusiona el Tribunal Galego da Competencia y el Servizo Galego de Defensa da Competencia en el Consello Galego da Competencia. PPdeG, PSdeG y BNG auguran que este paso permitirá ganar en "eficiencia" a la hora de velar por los intereses de los gallegos y, según los cálculos de los populares, permitirá ahorrar entre 50.000 y 70.000 euros —la Xunta había estimado en 30.000 euros este montante cuando presentó la ley (entre julio del pasado año y octubre)—.

De esta manera, la normativa cuyo anteproyecto aprobó el Consello de la Xunta el pasado mes de octubre ha dado su último paso este martes tras incorporar distintas aportaciones de todos los grupos. De hecho, durante el trámite de la ponencia fueron aceptadas dos enmiendas de los socialistas y ocho de los nacionalistas, mientras que otras nueve —cinco del PSdeG y cuatro del BNG— fueron transaccionadas.

Entre las propuestas admitidas al PSOE están la de que las asociaciones de consumidores o usuarios y las de empresarios podrán consultar a este organismo y el requerimiento de que el Consello debe hacer públicos sus informes en el plazo máximo de 30 días.

Asimismo, a través de una enmienda del BNG, los grupos parlamentarios han acordado aumentar de cinco a seis años la duración del cargo de presidente del Consello Galego da Competencia pero limitarla a un solo mandato —el texto recogía que se podría hacer una reelección—.

El Parlamento deberá ser informado, antes del nombramiento, de los nombres propuestos para su elección como vocales para el pleno de este organismo, que estará adscrito a la consellería competente en materia de hacienda, con el fin de que se pueda disponer su comparecencia.

En aras de la independencia del Consello da Competencia, sus integrantes serán elegidos por mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara y los candidatos serán propuestos por los grupos y elegidos entre juristas, economistas u otros profesionales de reconocido prestigio y experiencia en este ámbito.

Así, el popular Pedro Puy ha celebrado que esta normativa permitirá corregir las "disfuncionalidades" derivadas de la existencia de dos órganos que tenían encomendados fines similares. "Un pasito hacia adelante" es esta normativa para la socialista María José Caride, mientras que el nacionalista Fernando Blanco expresa su deseo de que sea un órgano "más operativo y eficaz" para dar respuesta a las necesidades de Galicia.

Que se cumpla la ley

Así las cosas, y pese al debate en tono "constructivo" en palabras de Pedro Puy, los grupos de la oposición emplearon su segundo turno para exigir el cumplimiento de la normativa a la Xunta. "Esperamos que esta ley sirva para algo y se cumpla", ha manifestado Caride, quien se refirió de forma velada al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, quien en sede parlamentaria anunció que no se cobraría el canon del agua para traídas y pozos.

Sobre este extremo en concreto, el parlamentario del PPdeG defendió que el cobro de ese canon es "antieconómico" y de ahí que no se vaya a cobrar. Puso como ejemplo lo que ocurre con la declaración del IRPF, que tiene exenciones para determinadas rentas y concluyó que, sino, habría que también llamar "insolvente" al Gobierno de España.

Por su parte, el nacionalista Fernando Blanco consideró que "habrá que ver cómo con menos recursos se puede ser menos operativos" y, entretanto, se preguntó si socialistas y populares mantendrán su mensaje "más allá del Padornelo" existe un "ataque a la independencia de las comunidades y a la independencia de Galicia" y, critican en Estado de las Autonomías apostando por una "recentralización".

A este respecto, Pedro Puy le avisó de que él no va a defender la "independencia de Galicia", al tiempo que le recordó que hay partidos nacionalistas que no concuerdan con que a todas las comunidades tengan las mismas capacidades, con lo que esa postura "también es una muestra contraria al Estado de las Autonomías". Caride, en este contexto, había asegurado que su formación "no defiende la recentralización" del Estado y sentenció que "para eso ya está (José María) Aznar".

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