El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana ha reclamado al poder judicial "medidas de protección y cautela" con motivo de la imputación de cuatro funcionarios municipales, entre ellos uno de sus colegiados, por la autorización para la construcción de un aparcamiento junto al Jardín de Monforte.

En un comunicado, este organismo se ha referido así a la decisión del juzgado de instrucción número 1 de Valencia de abrir juicio oral contra el edil de Urbanismo, Jorge Bellver, y cuatro funcionarios municipales por dos supuestos delitos contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, y otro de prevaricación administrativa, en relación con dicha autorización.

Al respecto, han señalado que "con creciente frecuencia", se observa "la utilización de la vía penal para dirimir controversias políticas o discrepancias respecto a las acciones de los procesos administrativos", dado que "por su repercusión mediática y por el efecto intimidatorio sobre las personas afectadas", supone "un eficaz medio de presión, ya sea para defender intereses de naturaleza civil o administrativa, o para dañar la imagen del rival político", todo ello "independientemente del resultado final del proceso".

Desde el Colegio han criticado esa "utilización de la justicia y de sus procedimientos como arma política", que consideran aún más "rechazable" cuando, "para dar la impresión de coherencia y contundencia a la querella, se suman, como presuntos responsables, a quienes solo han aportado al proceso su quehacer profesional".

Han apuntado que los ingenieros de Caminos están "particularmente expuestos a estas utilizaciones abusivas del derecho" al estar "ligados en su quehacer profesional a las potestades administrativas y a la aplicación de los presupuestos públicos", puesto que los procesos administrativos "están sometidos a complejos trámites que requieren interpretar normativas en constante evolución".

Desde el Colegio han manifestado su "preocupación" por esos hechos y han reclamado a los poderes públicos, y "especialmente" al judicial, las "medidas de protección y cautela" pertinentes, como la "exigencia al querellante de la fianza suficiente para responder de la eventual temeridad de la querella".

"confundir a los ciudadanos"

En su opinión, "confundir a los ciudadanos con estas prácticas" únicamente "acaba por retrasar, complicar y encarecer la toma de decisiones, devaluando la función pública y, en definitiva, empobreciendo el sistema en beneficio de unos pocos", en vez de "contribuir a la transparencia y eficiencia de la Administración".