La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto comenzar en el mes de mayo el juicio por el caso de presunta corrupción policial en la localidad malagueña de Ronda, en el que están acusadas nueve personas, entre ellas cuatro policías nacionales y un guardia civil.

El juicio iba a comenzar inicialmente en marzo de 2010, aunque fue suspendido después de que una de las defensas reiterara la petición, ya realizada previamente, de conocer la identidad de algunos testigos protegidos de los que constan en la causa para solicitar luego la práctica de pruebas, lo que fue acordado por la Sala.

Tras esta diligencia, se señaló la vista oral para febrero, aunque finalmente se volvió a aplazar el juicio por una incidencia con uno de los abogados y se ha señalado para mayo, comenzando el día 3 y con un total de ocho sesiones, según fuentes judiciales. La causa tiene más de 60 testigos, entre ellos los que constan como protegidos.

La Fiscalía de Málaga solicita inicialmente un total de 39 años de cárcel para los cinco agentes por, presuntamente, no actuar contra clubes de alterne, a los que supuestamente acudían para exigir dinero y mantener relaciones sexuales a cambio de no tramitar expulsiones o de arreglar la situación irregular de las trabajadoras.

A éstos, entre los que está el que fuera jefe de la Comisaría de Ronda desde mayo de 2005, se les acusa de los delitos de omisión de perseguir delitos, cohecho con fines delictivos, abusos en el ejercicio de la función pública en relación con delitos de abusos sexuales y, en algunos casos, fraude.

En el escrito de conclusiones provisionales presentado en su momento por la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, fueron acusados también los tres responsables de esos clubes por un delito de prostitución y una novena persona, que supuestamente acompañaba a los agentes, por un delito de tráfico de influencia.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional obtuvo informaciones que "involucraban" a funcionarios de dicha comisaría en actividades relacionadas con la prostitución y la explotación de mujeres extranjeras en situación irregular, investigación que desembocó en la detención, entre febrero y mayo de 2007, de estos acusados y de otras personas, para los que se archivó la causa.

Los hechos ocurrieron entre 2003 y principios de 2007 y, según la calificación inicial del fiscal, el inspector jefe, el subinspector y encargado de las secciones de Documentación y Extranjería, dos agentes de la Policía Judicial y un guardia civil "siempre estuvieron al corriente de las actividades de proxenetismo y tráfico de drogas" que había en tres locales de la zona, en los que se desarrollaron varias redadas.