Los promotores inmobiliarios recuerdan que la Región de Murcia no tiene un modelo económico de desarrollo sostenible de referencia que seguir y advierten que en el sector inmobiliario no se trata de construir más ni construirlo todo, sino de "innovar" en el modelo de construcción "para que sea menos contaminante, más eficiente en el consumo de suelo, en la concepción de nuevos productos y modelos inmobiliarios, como ocurre en el resto de sectores económicos".

Por lo que, subrayaron, "tendremos que ir construyéndolo poco a poco con determinación y perseverancia, con la participación de toda la sociedad y las fuerzas políticas". Así apuestan por un modelo económico de crecimiento limitado, basado sobre la innovación, el desarrollo tecnológico y la formación del capital humano, en todos los ámbitos, también en el inmobiliario.

"Estas fuerzas en acción evitan que el producto marginal del capital disminuya a medida que la inversión crece", aseguran en el informe 'En busca de un modelo sostenible para nuestra Región', al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, apuntan, hay que pensar en un modelo que "nos permita continuar con el crecimiento del turismo residencial a nivel internacional, sin comprometer los recursos naturales de costa y de suelo pocos explotados que tenemos en nuestra Región", analizando, por ejemplo, la Costa Azul francesa.

Al tiempo que consideran necesario una mayor transparencia en las tramitaciones de los instrumentos urbanísticos, proponiendo que todos los datos no personales consten en una web dependiente de la Comunidad Autónoma abierta a todos los ciudadanos.

Y es que, los promotores subrayan que la corrupción "se debe combatir", así como asumir las responsabilidades que la Justicia disponga. A su juicio, los factores materiales que hacen posible la especulación de suelo son que existen pocas reservas de suelo disponibles para construir y la recalificación de suelo rústico en un ámbito de actuación aislado vía convenio, con impulsores de proyecto que una vez recalificados acto seguido vendan sin crear ningún valor adicional que la mera recalificación.

Por lo que proponen que los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) contengan suelo clasificado y disponible para construir suficiente y atender cualquier repunte de la demanda, como mínimo por un volumen técnico nunca inferior al 20 por ciento del suelo urbano consolidado.

Así como que si hay concentración de suelo en pocos propietarios, que se activen los sistemas públicos de intervención, que los convenios prevean que no se pueda transmitir a terceros la propiedad del ámbito recalificado, a menos que esté garantizado bancariamente la ejecución de todas las infraestructuras planificadas.

Y que el convenio prevea que el 40 ó 60 por ciento de la plusvalía de esa venta, pase directamente al Ayuntamiento que ha recalificado el suelo, de tal forma que las plusvalías reviertan en el municipio, haciendo la operación poco atractiva desde una perspectiva meramente especulativa.

Modificar las directrices de ordenación de litoral

Además proponen mayor transparencia en las tramitaciones de los instrumentos urbanísticos, que todos los datos no personales de los instrumentos de planeamiento de la Región consten en una web dependiente de la Comunidad Autónoma, con independencia del municipio al que pertenezca, a la que tenga acceso el todo el público con las prevenciones derivada de la Ley de Protección de Datos.

En ella se ha de poder consultar los ámbitos de actuación en tramitación, fecha de inicio, sus fases críticas, el volumen total de metros cuadrados en gestión con una visión global, los ayuntamientos diligentes y los que no lo son, la diligencia de los organismos urbanísticos, medioambientales y sectoriales, los plazos en los que incurren, en definitiva los datos básicos que permitan saber cuánto, quién y cómo se gestiona el urbanismo de la Región.

Según los promotores, hay que modificar las Directrices de Ordenación de Litoral, en las que se combinan reservas de uso desproporcionadas e incompatibles, y para todo tipo de actuación de manera indiscriminada e injustificada.

En la franja de los primeros 500 metros siguientes al litoral, se debe admitir uso residencial pero graduándolo, que se vayan estableciendo franjas de menor a mayor densidad dentro de un mismo ámbito de actuación, conforme se va separando el terreno de la franja litoral.

En cuanto a los usos turísticos, que se estimule su desarrollo con la concesión de primas de aumento de edificabilidad en esas franjas de los primeros 500 metros.

Al tiempo que aseguran que hay que limitar los crecimientos de las ciudades mediante recalificaciones desmesuradas de suelo, y es que, dicen, establecer límites es un planteamiento viable si se agilizan la tramitación y aprobación de los Planes.

Por lo que se debe apostar por la efectividad administrativa, el cumplimiento de los plazos, la claridad en las disposiciones y la estabilidad en la tramitación, "eliminar la inseguridad jurídica de las leyes medioambientales y urbanísticas".

Así como por la claridad en las exigencias, para evitar la duplicidad de informes y trámites, señalan que la Administración debe procesar "de forma eficiente" la elevada cantidad de información que posee.

Según los promotores, es momento de que se modifique el régimen de la Vivienda Protegida (VPO) y que las ayudas puedan pasar directamente al ciudadano según sus ingresos, no según la vivienda, como sucede con otros bienes y servicios.

Implicación de toda la sociedad

Por último, subrayan la importancia de preservar los espacios de alta protección ambiental, la necesaria implicación de toda la sociedad, así como que si un sistema falla hay que buscar las causas del fracaso en su interior y no fuera.

"No basta con gastar más en educación, hay que gastar mejor y orientarlo a las necesidades reales de la sociedad, hay que orientar la educación y la innovación productivamente", concluyeron.