Polémica por la ley que obliga a los fabricantes a recomprar los coches que no venden

  • La enmienda aprobada en la Ley de Economía Sostenible permite a los concesionarios devolver a los fabricantes los vehículos que no hayan vendido.
  • Los fabricantes auguran pérdidas de empleo en el sector de la distribución.
Un concesionario de coches.
Un concesionario de coches.
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Un concesionario de coches.

La industria del automóvil está "indignada". El motivo no es otro que la enmienda aprobada este martes en la Ley de Economía Sostenible que permite a los concesionarios devolver a los fabricantes los vehículos que no hayan vendido en el plazo de 60 días. La nueva normativa obliga a éstos a recomprar los automóviles al mismo precio al que los vendieron.

Como era de esperar, la noticia ha sentado como un tiro a los fabricantes. Francisco Javier García Sanz, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), lo hacía patente este jueves en una reunión con los medios de comunicación. "Estamos muy descontentos, muy preocupados y nos sentimos engañados y traicionados", por la "chapuza normativa" que han apoyado los partidos políticos que apoyaron la enmienda –PP y CiU- que "sólo van a crear intranquilidad y distorsiones", ha expresado García Sanz.

Además, el máximo responsable de los fabricantes automovilísticos españoles ha calificado de "inaceptable" que en el plazo de dos semanas se haya modificado, sin el consenso del sector, una regulación básica en una industria de la importancia del automóvil "por un interés puramente electoral". Por ello, García Sanz ha anunciado "reuniones urgentes" con el presidente 'popular', Mariano Rajoy, y con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, para tratar esta cuestión. "No han evaluado el daño que van a causar a la principal industria del país en un momento de crisis como el actual", ha subrayado.

Supresión de empleos

García Sanz considera que con esta normativa "no tiene sentido mantener una red de concesionarios en la que se negocia de manera bilateral como en la actualidad, sino que se crearía una red vertical", propiedad de las marcas. Por ello, adelanta que se producirá una desaparición paulatina de concesionarios y, en consecuencia, una pérdida de empleo en el sector de la distribución, que cuenta actualmente con una plantilla de entre 125.000 y 150.000 personas.

Una postura muy distinta de la que defienden desde la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto). "La mayor pérdida de puestos de trabajo en el sector ya se ha producido", subraya su presidente, Antonio Romero-Haupold, que cifra en unos 50.000 los empleos vinculados a la venta de vehículos que se han suprimido desde el inicio de la crisis.

El presidente de la patronal de los concesionarios resta importancia a la polémica levantada en el sector por la iniciativa aprobada el martes. "No es para tanto, la ley no nos coge de sorpresa a nadie, ya que la enmienda aprobada por el Congreso tiene sus orígenes en el año 2007", subraya a 20minutos.es.

Romero-Haupold añade además que "los fabricantes no han querido negociar nunca porque siempre han tenido una posición de dominio muy cómoda". "Los concesionarios sólo queremos una negociación justa con ellos. No queremos devolverles los automóviles, sólo reclamamos que si les encargamos un coche no nos obliguen a comprar cuatro", señala el presidente de la patronal de los concesionarios. Asimismo, ha considerado la normativa como "una ley transitoria" hacia una próxima ley de distribución.

Y en medio de la guerra, un llamamiento a la calma. La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam) ha pedido una solución "negociada y de consenso" a la relación contractual entre marcas y concesionarios. "Sería un tremendo error entrar en una guerra entre marcas y concesionarios que a nadie beneficia", ha concluido Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de la organización.

En vista de la controversia suscitada, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha convocado, la semana próxima, una conferencia "especial y urgente" con las comunidades autónomas que cuentan con plantas de producción de vehículos y con los fabricantes, para analizar los cambios normativos, así como una reunión con la junta directiva de Anfac.

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