La suegra del que fuese propietario de la Policlínica Miramar, Cristóbal Pizà, ha señalado ante el juez que instruye la causa en la que se encuentra imputado por un delito de alzamiento de bienes, que el año pasado compró una vivienda a su yerno, ubicada en Santa Ponça, para que éste pudiera saldar una deuda, si bien ha asegurado desconocer el destino que finalmente le dio el encausado al dinero obtenido de la venta.

En su comparecencia en calidad de testigo ante el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 12, Francisco José Pérez, Magdalena S.P., de 85 años de edad, ha justificado que como Pizà necesitaba el dinero y ella disponía de "efectivo suficiente", adquirió un inmueble en Santa Ponça por unos "15 millones de pesetas", pese a desconocer a quién adeudaba su yerno.

En este sentido, las investigaciones apuntan a que el imputado incurrió en un delito de alzamiento de bienes al deshacerse de estas propiedades con el objetivo de frustrar el pago de las deudas contraídas con el actual máximo accionista de la Policlínica, Francisco Miralles, querellante en esta causa. Sin embargo, el propio Pizà relató al magistrado que vendió la mitad indivisa de un inmueble de Santa Ponça a su suegra y otro medio de La Rioja a su mujer -también imputada- porque le "urgía" saldar deudas con la Banca March.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de la querella interpuesta por Inversiones Grupo Miralles, a la que tuvo acceso Europa Press, que sostiene que Pizà procedió a la venta de las viviendas "por un precio irrisorio" (87.545 euros la de Santa Ponça y 121.260 la de Logroño) tras ser demandado por IGM, "frustrando de este modo los derechos de crédito del acreedor". Así, con el dinero obtenido, comenzó a realizar amortizaciones anticipadas de un préstamo de Consaba contraído con Banca March y avalado personalmente por él.

La querella señala que transcurridos varios meses desde que Miralles le concedió el préstamo -que finalmente se tradujo en los dos millones iniciales más 720.000 euros posteriores y otros 720.000 prestados a su socio en Consaba, Miquel Dalmau, ya fallecido- sin que se procediese al pago de cantidad alguna por parte de los deudores, Miralles decidió interponer una demanda. A raíz de ésta, Pizà procedió a la venta de los inmuebles.

PIZÀ

Atribuye las decisiones a su socio dalmau

Es más, la acusación particular asevera que "lo más cínico del querellado es su actitud ante toda esta estafa", al escudarse entonces en que "no podía hacer nada y que eran decisiones de Dalmau que escapaban a su campo de actuación". En cualquier caso, el encausado defendió que a raíz de estos préstamos Miralles se quedó con el "80 ó 90 por ciento de la Policlínica Miramar" mientras que la totalidad del dinero percibido por las ventas fue ingresado en la Banca March para pagar los préstamos con esta entidad.

Cabe recordar que Pizà está encausado en otro procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 10 por un presunto delito societario y otro de apropiación indebida por haberse apropiado junto a Dalmau, sin el conocimiento del resto de accionistas de la Policlínica Miramar, de unos nueve millones de euros. Unos hechos por los que la Fiscalía y la acusación particular deben presentar próximamente escrito de acusación.