El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha subrayado este jueves la apuesta que está realizando la Junta de Andalucía para que el servicio de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas que no pueden costearse un litigio "se preste en las mejores condiciones", para lo que se ha llegado a un acuerdo con abogados y procuradores para que éstos cobren de forma regular, con pagos mensuales.

Pizarro ha explicado en el Parlamento andaluz que el Gobierno autonómico es "consciente de la importancia de garantizar, en condiciones de igualdad, un servicio público de Justicia", por lo que, con el fin de potenciarla, se está ultimando con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores la concreción del calendario de pagos a cuenta.

Hasta ahora, la fórmula para abonar el trabajo realizado durante el turno de oficio y los de las guardias —tanto generales como la asistencia en violencia de género, menores y extranjería— consistía en que los colegios profesionales debían certificar los servicios prestados trimestralmente, tras lo cual la Junta realizaba el pago.

El nuevo modelo consiste en hacer una previsión sobre la base de los servicios realizados en años anteriores, y realizar abonos mensualmente. Posteriormente, cuando se contabilicen las actuaciones realizadas y una vez certificadas por parte de los colegios profesionales, se liquidará la cantidad adicional, en su caso, para abonar la totalidad de los mismos.

Para Pizarro, esto demuestra la "clara voluntad" de asegurar los cobros de estos casi 9.000 profesionales, para los que, en muchas ocasiones, ésta es su principal o incluso su única fuente de ingresos. Se trata, según ha explicado, de "solucionar los problemas" y garantizar un derecho constitucional a cualquier persona independientemente de sus posibilidades económicas.

En Andalucía en 2010, un total de 151.633 personas se beneficiaron de la justicia gratuita, es decir, que tuvieron la asistencia de un letrado bien al ser detenidos o bien durante un litigio. Más de 9.000 personas entre letrados y procuradores están involucrados voluntariamente en la prestación de la justicia gratuita.

En concreto, unos 2.000 procuradores y 7.342 letrados han formado parte en 2010 del turno de oficio en la comunidad autónoma, un 6,7 por ciento más de los que realizaban esta función durante el año anterior, mientas que los que realizaron la asistencia al detenido, que se realiza durante las guardias, ascendieron a 6.298 —un 4,6 por ciento más que en el ejercicio precedente—.