El área de Justicia de CC.OO. Euskadi ha advertido de que el Anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal "pone límites" al acceso por parte de los ciudadanos a los diferentes servicios judiciales y supone, además, "un grave atentado" al derecho de tutela judicial efectiva.

En un comunicado, el sindicato ha insistido en que, con este anteproyecto, no se cumplen los objetivos del Gobierno de "agilizar" y "facilitar el funcionamiento" de los tribunales civiles y contencioso-administrativos, y no se contribuye a "modernizar" la Administración de Justicia.

CC.OO. ha resaltado que, entre las reformas que recoge el anteproyecto, se encuentran, en el orden jurisdiccional civil, "la supresión del recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía (hasta 6.000 euros), la actualización de la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, que pasa de 150.000 a 800.000 euros, y también se eleva el límite cuantitativo para el recurso de apelación, que pasa de 150.000 a 800.000 euros".

En su opinión, el conjunto de medidas con las que el Ejecutivo pretende "agilizar" los procesos civiles y contencioso-administrativos, "reducir costes y tiempo" y "racionalizar" los recursos constituye "simple y llanamente un nuevo recorte en los derechos de los ciudadanos para acceder a la justicia".

"Este recorte se inició con la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, en donde se introdujo la obligatoriedad de la constitución de un depósito para recurrir, hasta incluso para los propios empleados públicos que, hasta ese momento, podían acogerse a la justicia gratuita para los recursos acerca de sus condiciones laborales", ha recordado.

Atentado a la tutela efectiva

CC.OO. ha acusado al Ministerio de Justicia de pretender "vender la tan publicitada modernización de la justicia con reformas procesales que, según pretende hacer creer, agilizarán los tiempos de los procesos judiciales", cuando en realidad "se está gestando un grave atentado al derecho constitucional de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva".

En este sentido, ha advertido de que "la cuantía de la mayoría de las demandas judiciales, tanto en el orden jurisdiccional civil como en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, no supera las cuantías que se fijan ahora para que se pueda formular recurso de apelación o, en su caso, de casación".

Según ha destacado, el Ministerio pretende "solucionar y acabar con el retraso acumulado en los juzgados de la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, y con el gran atasco que existe en el Tribunal Supremo, impidiendo que se recurran las sentencias, disuadiendo al justiciable mediante la exigencia de depósitos para recurrir, o fijando en una cuantía excesivamente alta" los límites cuantitativos de los procesos para poder recurrir".