El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía, asegurando "el que la hace la paga" y que la Junta de Andalucía va a recuperar "hasta el último céntimo mal utilizado", en referencia a las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por el Gobierno andaluz.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz, Recio ha dicho compartir la "indignación" de los distintos partidos políticos por las irregularidades en el manejo de cualquier fondo público, al tiempo que ha acusado al PP-A de que, "en vez de perseguir la verdad, se dedica a perseguir a los socialistas".

Tras asegurar que los socialistas hace más de 130 años que llevan "a gala" el hecho de ser transparentes y de perseguir a quien comete actuaciones ilegales, ha insistido en que los "sinvergüenzas" no tienen cabida en el PSOE, "y así lo demostramos día a día con nuestra actuación". Ha pedido colaboración al PP para que si tiene conocimiento de algún tipo de irregularidad se la traslade, comprometiéndose a hacerla llegar a la justicia.

"Dicen que estamos tratando de ocultar y de mentir y por ello deben entender anticiparse a la actuación de la justicia y llevar a la justicia cualquier irregularidad que detectamos", ha afirmado Recio, que ha confesado que antes de iniciar su etapa como parlamentario creía que la peor mentira era un media verdad, pero que ahora cree que hay algo peor: "cuando esas medias verdades se utilizan por el interés electoral".

El consejero de Empleo, que ha dicho comparecer en la Cámara andaluza "mirando al frente y con las manos descubiertas ante el pueblo andaluz", ha afirmado que "nadie que gobierna tiene un sistema infalible ante las irregularidades", por lo que le ha preguntado al secretario general del PP-A, Antonio Sanz, si está "completamente seguro" de que cuando el presidente del PP-A, Javier Arenas, fue ministro de Trabajo no tuvo ninguna irregularidad en su gestión.

"¿Está completamente seguro de que en las irregularidades detectadas no hay ningún militante del PP?", le ha preguntado Recio, quien ha asegurado que el Gobierno andaluz ha actuado de forma "implacable, sea quien sea el que haya cometido una irregularidad". Además, ha indicado que la ciudadanía se preguntará "qué hubiera ocurrido si gobernara en estos momentos el PP y la muestra la tienen en las comunidades donde gobierna este partido".

Recio ha subrayado que la investigación interna de su consejería aún no ha finalizado y que son 39 las irregularidades que se han detectado hasta el momento, cuando hay más de 6.000 personas percibiendo ayudas por prejubilación. Ha dicho estar "orgulloso" de pertenecer a un partido que "nunca" huye de sus responsabilidades y ha insistido en que la transparencia tanto del Gobierno andaluz como del PSOE "está fuera de toda duda".

De igual modo, ha reiterado que el Gobierno andaluz tiene el "máximo interés" en que se depure cualquier tipo de responsabilidad y ha defendido "la brillante" actuación de los consejeros que le han antecedido en el cargo. Sobre el procedimiento para otorgar las ayudas ha asegurado que no era irregular y que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) estaba autorizado "por ley" para recibir las subvenciones.

Finalmente, ha querido dejar claro que fue el Gobierno andaluz el que puso en manos de la Fiscalía las irregularidades detectadas en el ERE de 2007 Mercasevilla y que el Gobierno andaluz se va a personar en la causa, habiendo también solicitado que la Cámara de Cuentas de Andalucía fiscalice las ayudas sociolaborales realizadas desde 2001 hasta la actualidad a empresas en crisis. PP-A

Pide dimisiones "al más alto nivel"

Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Sanz ha asegurado que nos encontramos ante una trama de pensiones ilegales para beneficiar a amigos y a cargos del PSOE, que va camino de convertirse en el "mayor escándalo" político y social de la autonomía. "Por omisión o acción han permitido que se haya hecho negocio con el dinero de los parados", ha añadido el parlamentario, quien ha indicado que al consejero de Empleo "le están obligando a tapar la porquería".

En su opinión, se ha producido "un saqueo" de más de 100.000 millones de las antiguas pesetas "con la más alta responsabilidad del Gobierno andaluz". Además, ha criticado que la Junta no atendiera a los informes de la Intervención General de Hacienda y que hayan participado intermediarios y brokers en los procedimientos.

"Dice que eran cuatro golfos, pero si han gestionado 100.000 millones de pesetas son ustedes unos irresponsables y han cometido graves irregularidades porque es imposible que el dinero se haya generado sin el aval y la participación de Chaves, Zarrías, Griñán y los consejeros de Empleo que son la X, la Y, la Z de este escándalo", ha afirmado Sanz, quien ha pedido la creación de una comisión de investigación y ha considerado que si Recio "tuviera las manos limpias la aceptaría".

Durante su intervención, el diputado 'popular' ha pedido amparo a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, argumentando que el portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, le había insultado desde su escaño — le habría llamado "sinvergüenza" según fuentes 'populares'—, lo que ha provocado unos momentos de tensión durante el debate y un enfrentamiento entre Sanz y la presidenta de la Cámara. IULV-

Ca pide "limpiar la era de mangantes"

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha dicho que su formación tiene la obligación de velar por el mejor uso de los fondos públicos y que si alguien ha metido "la mano en la caja" tiene que responder por ello. A su juicio, hay responsabilidades de carácter administrativo, jurídico y político porque se trata de un tema "escandaloso", que está en la preocupación del conjunto de la ciudadanía, por lo que hay que exigir elementos de transparencia y claridad "que hasta ahora no hemos visto".

Valderas, que ha hecho una defensa de la utilidad de los ERE para empresas en crisis, ha considerado que hay que limpiar la era de "mangantes". Para ello, ha apuntado como necesario la creación de una comisión de investigación para llegar hasta las últimas consecuencias y una auditoria de los últimos diez años de la Consejería de Empleo por parte de la Cámara de Cuentas. "No vengo a señalar a nadie con el dedo pero el Gobierno tiene la responsabilidad de haber nombrado a esos golfos y de no poner los controles suficientes para detectar actuaciones incorrectas", ha concluido. PSOE-A

Ve actitudes "nazis e inquisitoriales"

Finalmente, el diputado del PSOE-A Ángel Gallego ha indicado que el Gobierno andaluz está haciendo "lo que debe" y colaborando con la justicia para el esclarecimiento de las irregularidades detectadas en los ERE. Ha pedido al PP-A que no ponga en riesgo los cimientos de la democracia, al que ha acusado de mantener actitudes "nazis e inquisitoriales".

"El PP pretende acabar con la presunción de inocencia para convertirla en presunción de la culpabilidad y eso es muy peligroso", ha afirmado el parlamentario socialista, quien ha criticado que se pretenda instaurar un código "donde se es inocente hasta que se demuestra que es socialista". Ha pedido que no se ataque a las instituciones democráticas y que no se entre en los juicios paralelos.