El Ayuntamiento de Barakaldo tiene previsto abrir, en un plazo de tres meses, "un piso o pensión tutelada" dirigida a personas en riesgo de exclusión social, con el fin de que "puedan sentar las bases para alcanzar la autonomía plena y empezar a vivir de nuevo de manera independiente, de forma que acaben por reinsertarse en la sociedad", según ha indicado la concejala de Acción Social, Amaya Rojas.

La nuevo servicio, que ha sido presentado este miércoles, se pondrá en marcha como "experiencia piloto", con capacidad para ocho usuarios, y será gestionado por la Asociación de Ayuda a Excluidos Sociales Goiztiri.

La Junta de Gobierno municipal tiene previsto aprobar el próximo viernes la cesión de esta vivienda municipal gratuitamente a Goiztiri durante los próximos cuatro años. Será esta asociación la que, con sus propios recursos, se encargará también de rehabilitar el piso en las próximas semanas para que pueda ser usado como vivienda tutelada.

El piso podrá ser usado por personas adultas sin vivienda o con una vivienda "inadecuada o insegura" que acepten someterse a un proceso educativo para reintegrarse en la sociedad. Estas personas serán derivadas desde los servicios sociales de base o ingresarán a través de la participación en algún programa de Goiztiri, y podrán prolongar su estancia en la vivienda tutelada entre seis y ocho meses.

Entre los requisitos de acceso, se encuentran tener plena autonomía física y psíquica y haber iniciado un tratamiento para "salir de su situación", estar empadronado en Barakaldo desde hace un año o haber estado durante cinco años continuados en los últimos diez, y percibir ingresos iguales o inferiores a la suma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Los usuarios deben contribuir económicamente a la vivienda como "parte del proceso educativo", aunque el precio fijado por Goiztiri variará en función de los ingresos del usuario y se establecerán sistemas de préstamo en caso de no tener ingresos suficientes. Además, deberán comprometerse por escrito al cumplimiento del proceso educativo y cumplir las normas de funcionamiento interno.

Amaya Rojas ha confiado en que la iniciativa, "pionera en Euskadi", ofrezca "buenos resultados" ya que, según ha lamentado, "en nuestra sociedad hay personas que en un momento determinado de su vida se encuentran en una situación de desprotección y marginalidad como consecuencia de la precariedad del mercado de trabajo y la ruptura de lazos sociales y familiares".

En este sentido, ha advertido de que la crisis económica ha hecho aumentar el número de casos de este tipo "en todo el mundo" y ha añadido que, aunque en Barakaldo "la situación no es preocupante", las instituciones "no nos podemos quedar de brazos cruzados ni mirar para otro lado mientras caen en la marginalidad".