Un imputado que fue subcontratado por la UTE que se encargó del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor ha afirmado ante la jueza instructora del caso Peaje que el ex celador de Carreteras del Consell, Gabriel Mestre, le pagó 9.000 euros en efectivo y sin factura por diversos trabajos que realizó en su vivienda, y ha negado así que estas labores hubieran sido facturados con dinero público como si se tratase de trabajos del desdoblamiento, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Durante su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, Larbi Machetoui, de origen marroquí y bancalero de profesión (dedicado al tratamiento de pared seca o 'marger') ha incidido en que la cantidad le fue pagada en metálico y, pese a que no hubo ningún tipo de factura, ha asegurado que Orejudo le pagó, exhibiendo para justificarlo el ingreso a su cuenta del dinero que le abonó y negando por tanto que fueran sufragados con dinero público destinado a la carretera.

El encausado, defendido por el letrado Juan Roig, ha relatado asimismo que su trabajo durante el tiempo que duraron las obras de la antigua C-715 consistió en la construcción de muros de piedra a lo largo de ésta. De hecho, ha aseverado que levantó el "70 por ciento" de ellos, lo que contrastaría con la defensa de otros dos constructores imputados en la causa, los hermanos Cloquell -subcontratados también por la UTE-, quienes también afirman que se hicieron cargo de la mayoría de estas paredes.

Es por ello que el fiscal le ha insistido en si realmente se encargó de construir estos muros, a lo que Machetoui ha respondido que "de casi todos", lo que ha provocado la indignación de Subirán. "¿Pero no había dicho que del 70 por ciento?", ha espetado el fiscal, según fuentes presenciales en la vista.

Por otro lado, también ha sido interrogado como encausado un empresario de Manacor, Antonio Méndez, quien ha explicado que levantó muros de piedra en la finca de Es Pagos, que ha señalado que facturó a la UTE, por la que también estaba subcontratado.

Cabe recordar que la adjudicación de los trabajos de desdoblamiento recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr), que se encargó finalmente de las obras.

El caso investiga un presunto desvío de fondos públicos a obras privadas que habrían sido facturadas como si se tratase de trabajos de la carretera. El desfase ascendería a 23 millones de euros sobre los 140 millones inicialmente presupuestados, lo que llevó al Ministerio Fiscal a interponer en marzo de 2009 una querella contra un total de 16 personas, entre ellas ex altos cargos del Consell y empresarios.

La operación, abierta en marzo de 2009, se saldó con la detención de 18 personas, quienes quedaron en libertad con cargos excepto los funcionarios de la Institución insular Francisco Orejudo y Gabriel Mestre, los únicos que pasaron a disposición judicial y quienes eludieron ingresar en prisión tras depositar sendas fianzas de 125.000 y 75.000 euros.