El Consejo de Gobierno de la presente semana ha dado luz verde a la tramitación de la proposición de Ley en las Cortes de Castilla-La Mancha para la creación del canon eólico y el Fondo de Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables, a fin de que pueda entrar en vigor el 1 de abril.

Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa, en la que ha dado cuenta de los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno, entre los que se encuentra este gravamen a los parques eólicos, con el que el Ejecutivo castellano-manchego pretende recaudar entre 14 y 15 millones de euros anuales.

Rodríguez ha defendido que el Gobierno, desde que adoptó la decisión de aplicar este nuevo gravamen que ya se desarrolla en Galicia, ha mantenido contactos con los representantes de las empresas afectadas, que han aportado "sugerencias" a la creación de esta nueva tarifa.

Según ha indicado Rodríguez, actualmente, en Castilla-La Mancha hay un total de 112 parques, que aglutinan casi 3.100 aerogeneradores, que tendrán que abonar las diferentes tarifas que establece la ley de manera trimestral.

Así, y a modo de ejemplo, la portavoz del Gobierno regional ha señalado que un parque que tenga entre tres y siete aerogeneradores instalados tendrá que abonar 489 por cada uno de ellos, de tal modo que en el trimestre tendrá que pagar 1.460 euros.

Dicho esto, ha recordado que buena parte de los ingresos que el Gobierno regional obtenga de la aplicación de este gravamen se destinarán al Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en Castilla-La Mancha, con el que pretende estimular el avance tecnológico asociado a la generación de energía renovable.

Ha recordado que quedan exentas del canon las instalaciones destinadas a autoconsumo, las de carácter experimental, o aquellas que tengan que ver con la investigación, y cuya potencia no supere los cinco megavatios.

Impuesto a otras actividades

En otro orden de cosas, la portavoz del Gobierno ha explicado que esta ley modifica asimismo el impuesto, que ya existía, sobre algunas actividades que inciden en el medio ambiente, y que están relacionados con el uso de determinados hidrocarburos, con la producción de energía eléctrica a través de las nucleares, o con el almacenamiento de residuos radioactivos.

Es por ello que en esta normativa el Gobierno regional ha introducido un incremento de este impuesto, que no entrará en vigor hasta el 1 de enero del 2012, y que oscila entre el 20 y el 40 por ciento. Con ellos el Ejecutivo pretende recaudar cerca de 27 millones de euros, frente a los 20 que hasta el momento conseguía con su aplicación.

Preguntada por las empresas que se verán afectadas por esta tasa, ha explicado que serán las que gestionan centrales nucleares, junto a Repsol o Ecolgas, que "contaminan nuestra región. No se trata de impuestos recaudatorios, sino de tasas para compensar el daño que sus actividades generan en nuestro medio ambiente". FORCOL

El Consejo de Gobierno de esta semana también ha dado luz verde a que las Cortes regionales tramiten la modificación de la Ley de Entidades Locales de Castilla-La Mancha a fin de limitar el Fondo Regional de Cooperación Local (FORCOL) a inversiones en obras y equipamientos de competencia local.

No obstante, la portavoz del Gobierno ha recordado que los ayuntamientos podrán solicitar, de forma excepcional, el cambio de finalidad del dinero asignado, siempre que sea justificado.

Isabel Rodríguez también ha indicado, que en la reunión de la presente semana, el Consejo de Gobierno ha autorizado renovar el convenio de colaboración que tiene con la Diputación de Toledo, para la realización del programa de detección precoz del cáncer de mama en el Hospital Provincial, que gestiona esta institución.

Para ello, el Ejecutivo autonómico aportará un total de 441.000 euros, con las que se realizarán mamografías a cerca de 14.000 mujeres toledanas, de entre 45 y 70 años.

Igualmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado una gasto de 15,8 millones de euros para la renovación de los convenios, con ocho entidades sin ánimo de lucro, dirigidos al mantenimiento de centros y programas de atención a personas con discapacidad intelectual.

Con estos fondos, se consolida el mantenimiento de 64 dispositivos de atención a personas con discapacidad intelectual que atienden a 1.793 usuarios y suponen el mantenimiento de 751 puestos de trabajo en distintos centros ocupacionales, centros de día, viviendas y residencias de la región.