El portavoz de EB en las Juntas de Gipuzkoa, Mikel Izagirre, ha pedido la comparecencia urgente en esta Cámara del diputado foral de Desarrollo Sostenible y presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, Carlos Ormazabal, para que aclare si este organismo va a "pisotear la soberanía de los ayuntamientos" en materia de gestión de residuos.

En un comunicado, Izagirre ha solicitado a Ormazabal que aclare si el Consorcio "se compromete a que las mancomunidades cumplirán las obligaciones recogidas en los acuerdos con las entidades financiadoras" de la futura incineradora de Zubieta, en San Sebastián, por las cuales los ayuntamientos, a través de las mancomunidades, "estarán obligados a llevar la basura a esta infraestructura".

"De ser ciertas estas afirmaciones, se trataría de un escándalo ya que iría en contra de los derechos y competencias de los ayuntamientos en materia de gestión de residuos", ha destacado.

Asimismo, ha señalado que Greenpeace informaba que el Consorcio "no prevé construir las plantas de compostaje previstas en el Pigrug y que sólo contempla la ampliación de la planta de Lapatx".

A su juicio, de no construirse estas plantas, "supondría un incumplimiento claro de la Norma foral por la que se aprueba el documento de progreso del Pigrug y eliminar las posibilidades de reciclaje y compostaje".

Por otro lado, Izagirre ha explicado que según Greenpeace la incineradora tendrá capacidad para quemar 315.800 toneladas de basura, "algo incompatible con reciclar el 56 por ciento de los residuos en Gipuzkoa, tal y como se aprobó en el Pigrug, teniendo en cuenta que en Gipuzkoa en 2009 se generaron 426.269 toneladas de residuos".

Izagirre ha insistido en que la citada ONG indica también que el Consorcio de Residuos "se compromete a que las mancomunidades cumplirán las obligaciones recogidas en los acuerdos con las entidades financiadoras, por las cuales los ayuntamientos, a través de las mancomunidades, estarán obligadas a llevar la basura a esta infraestructura" y ello será "al precio que ellos establezcan para garantizar la rentabilidad de la inversión".

"Es evidente que la incineradora tendrá poco de pública, ya que el consorcio de residuos traslada a una entidad privada su gestión, de manera que quedará supeditada a los intereses económicos de las entidades que la gestionen", ha denunciado.

Por otra parte, se ha preguntado "qué pasará con la fracción de materia orgánica de los municipios que utilizan sistemas alternativos como el puerta a puerta".