El subdirector general de Relaciones Tributarias con Haciendas Territoriales en Ministerio de Economía y Hacienda, José María Utande San Juan, ha garantizado este martes que la factura del consumidor final no se verá afectada en caso de que salga adelante el impuesto medioambiental que Castilla y León estudia establecer a las compañías eléctricas.

Utande ha indicado que esta repercusión en el usuario es "decisión de las empresas" pero que existe un reglamento de tarifas general que éstas deben cumplir y ha expresado de cualquier forma que la ley que regule estos tributos medioambientales en la Comunidad debe establecer la puntualización de que éstos no afecten al usuario.

Asimismo, ha recordado en declaraciones recogidas por Europa Press que el impuesto por los efectos medioambientales dañinos de la producción eléctrica que se estudia para la Región no es el primero en España, ya que comunidades como Galicia, Asturias o Castilla-La Mancha ya tienen tributos de esta naturaleza.

Se trata de gravámenes establecidos a través de diferentes regulaciones en cuanto a marco competencial, que según Utande se diferencian en cuestión de detalles pero no en lo esencial y que deben respetar la Constitución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

Representantes de los tres Grupos Parlamentarios de Castilla y León —PP, PSOE y Grupo Mixto— participan hoy en las Cortes en una jornada para estudiar los impuestos medioambientales con expertos de otras siete autonomías. Es la tercera reunión de trabajo que se celebra desde que la Comunidad considerara establecer un gravamen y la "más imprescindible", según la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, puesto que de ella derivará que la Junta pueda presentar el anteproyecto de ley en el que ya trabaja.

Los responsables de la Comunidad esperan conocer las experiencias de otras regiones en este sentido en cuanto a los recursos presentados por las eléctricas, la recaudación o los problemas de gestión. No obstante, se encuentran a la espera de la consulta a la Comisión Nacional de la Energía sobre la repercusión en la factura —confían en tener respuesta en 15 días— así como de reunirse con las eléctricas —sin fecha aún—, con las que esperan llegar a acuerdos para evitar esta posible solución.

Los casos de asturias y galicia

La directora general de Finanzas y Hacienda del Principado de Asturias, Raquel Pereira, ha explicado poco antes de la jornada que en su Comunidad se ha puesto en marcha este año un impuesto que grava al transporte de energía y las telecomunicaciones, una medida que no encontró oposición inicial por parte de las compañías eléctricas pero que a tenor de las últimas informaciones en prensa comienza a encontrar cierto rechazo de éstas, que según Pereira valorar que sea trasladado al precio de la energía a través del recibo.

Para el Principado, con 9.000 kilómetros de líneas eléctricas, este tributo conllevará una recaudación de ocho millones de euros, de acuerdo con las estimaciones. En este sentido, Utande ha manifestado que el gravamen es positivo para las comunidades en momento de crisis pero que no conlleva una recaudación demasiado importante.

Por su parte, la subdirectora de Tributos Propios de la Xunta, Sonia Lafont, ha explicado que en la región gallega existen cuatro impuestos extrafiscales de este tipo —"la experiencia es muy positiva", ha asegurado— y que es el de aguas embalsadas el que más se asemeja el que podrían funcionar en Castilla y León. Este gravamen, puesto en marcha en 2009, se traduce en un cobro de 12 millones de euros anuales.