Los representantes de los sindicatos ELA y LAB no acudirán esta tarde a la constitución del nuevo Consejo de Administración de Lanbide porque consideran que "se ha concebido para dar cobertura" al Gobierno vasco para "continuar aplicando la misma política que se realiza en el Estado" en materia de empleo y formación y que es "responsable de los mayores niveles de paro de la Unión Europea".

En un comunicado, los sindicatos han recordado que ambos designaron a sus vocales en este organismo, dos en el caso de ELA y uno en el de LAB, en función del Decreto que regula las actividades del servicio vasco de empleo y que fue publicado en el BOPV el 31 de diciembre de 2010. No obstante, una vez realizados estos nombramientos, las dos organizaciones comunicaron que sus vocales iban a mantener suspendida su participación en el Consejo.

Las dos centrales sindicales adoptaron esta decisión debido a que, durante "todo el proceso" de creación de Lanbide, el Gobierno vasco "se ha negado a mantener cualquier contacto" con ellos, a pesar de que cuentan con "el 56 por ciento de la representación de los trabajadores vascas".

"El Gobierno, de manera acordada con Confebask y CC.OO. y UGT (con una representación sindical conjunta del 33 por ciento) ha realizado el diseño de Lanbide excluyendo a la mayoría sindical vasca", han denunciado.

Asimismo, con esta medida, pretendían censurar que el Ejecutivo "no informa ni hace partícipe a la mayoría sindical de sus decisiones sobre el Empleo, justificándolo en la no presencia de ELA y LAB en la Mesa de Diálogo Social", a cuyas decisiones "va a estar supeditado" Lanbide.

En esta línea, han criticado que el sistema de funcionamiento establecido para el servicio de empleo "no incorpora la toma de decisiones por mayoría de cada parte (la sindical, la patronal y la institucional)".

ELA y LAB también han rechazado "la naturaleza jurídica" de Lanbide, "constituido como un Ente Público de Derecho Privado y no como Organismo Autónomo", ya que reduce "la capacidad de control público" y permite que la contratación de personal "se haga de manera menos transparente".

"La transparencia y control en la subcontratación y adjudicación de los diferentes programas de empleo y formación también sale perjudicada en esta opción. Este aspecto es aún más grave al haberse convertido los ámbitos del empleo y la formación en una fuente de financiación de las organizaciones que participan en la Mesa del Diálogo Social", han añadido.

"anula las posibilidades de actuación"

Por otro lado, los sindicatos han advertido de que "la falta de competencias anula las posibilidades de actuación" de Lanbide para desarrollar "una política de empleo propia". En este sentido, han insistido en que "las decisiones sobre las políticas de empleo se tomarán en otros ámbitos" y, en este sentido, han apuntado que la transferencia de las políticas de empleo "deja en manos del Gobierno español las decisiones".

Asimismo, han resaltado que, según los estatutos de Lanbide, "las escasas competencias" atribuidas a la Comunidad Autónoma Vasca "quedan en manos del Gobierno vasco, siendo Lanbide un mero instrumento sin capacidad de incidencia real". A su entender, participar en el Consejo supone "dar a esta situación una imagen de normalidad y realizar una labor de acompañamiento a las actuaciones que en materia de empleo acuerden el gobierno y la patronal".

Los dos sindicatos han advertido de que "la política de recorte del gasto público" del Ejecutivo de Patxi López "está teniendo graves consecuencias en el empleo, tanto en el sector público como en el privado", y han apuntado que los empresarios, por su parte, "priman la maximización del beneficio, destruyendo empleo y extendiendo la precariedad".

"No existe voluntad política para realizar políticas reales de pleno empleo ni de atajar la precariedad", han asegurado, subrayando que "todas estas cuestiones van a estar al margen de las actuaciones de Lanbide".

"recortar derechos"

Finalmente, han indicado que los estatutos de Lanbide "abren la puerta a que este organismo se utilice para recortar los derechos" de las personas que perciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), porque "estará obligado a aplicar la política que decida el Gobierno vasco en esta materia".

En este sentido, han resaltado que el Ejecutivo vasco "no haya tenido ningún problema en aceptar que las prestaciones por desempleo queden fuera de las competencias transferidas y, a la vez, se quiera gestionar la RGI desde los servicios de empleo con un planteamiento claramente restrictivo y de recorte del gasto social".

"Lanbide se ha concebido para dar cobertura a la política del Gobierno, para continuar aplicando en nuestro país la misma política que se realiza en el Estado en materia de empleo y formación (responsable también de los mayores niveles de paro de la Unión Europea y de la mala calidad de la formación) y para que no se discuta nada que vaya en contra de los intereses de la patronal", han denunciado.

En su opinión, "la vulneración de la reglas de juego democrático en la toma de decisiones no es sino un requisito compartido por quienes participan en la Mesa de Diálogo Social para dar cobertura a la política del Gobierno vasco y a los intereses de la patronal".