El PP-A registra una proposición de Ley sobre el trabajo autónomo, que recoge un servicio de arbitraje para conflictos

El PP andaluz ha registrado en el Parlamento una proposición de Ley sobre el trabajo autónomo, en la que, entre otras cuestiones, se recoge que la Administración de la comunidad autónoma creará un servicio de arbitraje y un colegio de árbitros para la resolución de conflictos de carácter económico y mercantil en las relaciones entre autónomos y con terceros clientes o proveedores.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se especifica que la Junta de Andalucía, con la Administración del Estado y con la Unión Europea, coordinará los programas y las políticas de apoyo y fomento del trabajo autónomo que se desarrollen en el ámbito de aplicación de esta ley, mientras que la comunidad autónoma promoverá la coordinación con las corporaciones locales en el ámbito del apoyo y fomento del trabajo autónomo.

Asimismo, se indica que el Plan General del Trabajo Autónomo en Andalucía constituye el instrumento marco para el desarrollo de todas las políticas y medidas vinculadas a este colectivo, cuya aprobación corresponde al Consejo de Gobierno. Dicho plan será elaborado conjuntamente por las Consejerías con competencias en materia de Emprendedores, Investigación y Empleo y el Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo.

Además, contará, como mínimo, con un análisis de partida exhaustivo de la situación actual del trabajo autónomo en Andalucía, que fijará los objetivos generales y concretos por alcanzar y las prioridades en la ejecución de los mismos, junto con la especificación de plazos y recursos humanos, materiales y financieros para cada una de las acciones determinadas, además de los mecanismos de coordinación, propuesta y evaluación de las actuaciones.

La proposición de Ley del PP-A también recoge que la Junta pondrá en marcha programa de ayudas destinado a favorecer la incorporación a la actividad autónoma. A los efectos del presente programa, tendrán carácter prioritario las mujeres, los jóvenes menores de 35 años, las personas con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33 por ciento, desempleados de larga duración mayores de 45 años, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas en riesgo de exclusión.

En lo que se refiere a la formación, se especifica que la Administración de la comunidad autónoma de Andalucía pondrá en marcha programas de formación permanente que se adapten a los contenidos, formatos y disponibilidad de tiempo y económica de los autónomos. En el marco de estas actuaciones, se fomentará la difusión e impulso de la actividad autónoma en los distintos niveles del sistema educativo.

Otra de las demandas del PP-A pasa por que la Junta configurará un sistema de apoyo financiero específicamente orientado hacia el colectivo de autónomos para el desarrollo y consolidación de su actividad, que contemple, entre otras, las puesta en marcha de una línea de avales para la adquisición de inmovilizado necesario para el inicio de actividad, la financiación del capital circulante y las refinanciaciones de corto a largo plazo.

Plan contra la siniestralidad laboral

También se incluye dentro de la proposición de Ley que la Junta, en colaboración con el Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, elaborará un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral del colectivo autónomo que asegure el conocimiento de las propias medidas de prevención que deben adoptar en su trabajo personal y también como potenciales empleadores de trabajo por cuenta ajena.

En lo que se refiere a medidas tributarias, se apunta que la Junta emprenderá una reforma de carácter fiscal que redunde en un beneficio real para el colectivo de autónomos, prestando especial atención a reducir en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la carga que graba el traspaso generacional de los negocios familiares.

También se reduce el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los beneficiarios que tengan derecho a percibir subvenciones o ayudas económicas en materia de autoempleo, así como a desempleadas de cualquier edad y los desempleados menores de 30 años inscritos como demandantes de empleo que comiencen el ejercicio de una actividad en la Comunidad Autónoma de propia.

Asimismo, se incrementan las deducciones en Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el fomento del autoempleo en mujeres y jóvenes, parados mayores de 45 años, personas con discapacidad y colectivos con dificultades de inserción laboral; y se reduce el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por cada hijo entre tres años y cinco años para las mujeres trabajadoras, para lograr la igualdad y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Aplazamiento y fraccionamiento de impuestos

Por otro lado, se incluye que la Junta establecerá, en el ámbito de sus competencias, fórmulas de aplazamiento y fraccionamiento de los tributos más flexibles para casos de justificada necesidad. Para tal fin, tendrán la consideración de avales las obligaciones reconocidas pendientes de pago de la Administración Autonómica.

Asimismo, el Gobierno andaluz establecerá un calendario de pago que imprima la máxima celeridad en el abono de las obligaciones pendientes de la Junta de Andalucía y procederá a la liquidación inmediata de las susceptibles de abono. En caso de incumplimiento de los plazos legalmente establecidos, la Administración quedará obligada al pago de los correspondientes intereses de demora y recargo.

Finalmente, la Junta ejecutará y promoverá con el resto de administraciones competentes en la materia medidas tendentes a la reducción de trámites interadministrativos ligados al inicio y mantenimiento de la actividad de los autónomos en Andalucía.

En el ámbito de estas actuaciones, se garantizará que todos los procesos administrativos se realicen a través de medios TIC y que todos ellos puedan gestionarse a través una Ventanilla única Empresarial y/o a través del Portal Andalucía Emprende regulado en la presente Ley.

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