La sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha suspendido finalmente la reunión de su junta general de accionistas que había sido convocada para el lunes de la próxima semana. En el orden del día de la sesión suspendida figuraba el debate de un aval que habrían de aportar los accionistas por la "suma global" de las sanciones impuestas por la Administración autonómica a cuenta de la localización de pescado inmaduro en las instalaciones del mercado central de abastos y por las costas procesales de la impugnación de tales penas.

La Asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas, socio minoritario del mercado central de abastos, ha informado a Europa Press de que, finalmente, ha sido suspendida esta convocatoria que había sido fijada para las 12,00 horas del próximo lunes, por lo que la Dirección General de Mercasevilla, encabezada por Juan Carlos Recio, habrá de cursar una nueva convocatoria para reunir a la junta general de accionistas. El motivo de la suspensión, según el accionista minoritario de la empresa, responde a problemas de "agenda".

Avales para combatir las sanciones

En el orden del día de la sesión suspendida, según la Asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas, figuraba principalmente una propuesta al objeto de que los accionistas de la sociedad mixta aportasen un aval valorado en "la suma global" de las sanciones impuestas por la Consejería de Agricultura y Pesca a cuenta de la localización de partidas de pescado inmaduro en las instalaciones del mercado central. El aval, además, habría de incorporar "un 20 por ciento" más de esta cuantía inicial para hacer frente a los "posibles intereses y costas procesales" derivados de la impugnación de estas penas por la vía Contencioso Administrativa.

La última auditoría elaborada por la consultora 'Deloitte' sobre los estados financieros de la compañía, como se recordará, cuantificaba en aproximadamente 1,5 millones de euros las cargas de la empresa por penalizaciones de esta naturaleza.

El pasado año 2010, Juan Carlos Recio había concertado contactos con la Consejería de Agricultura y Pesca al objeto de tratar los expedientes sancionadores incoados de forma subsidiaria contra la sociedad mixta por la localización de partidas de pescado inmaduro en las instalaciones del mercado central de abastos. La auditoría elaborada por la consultora 'Deloitte' sobre los estados financieros de Mercasevilla a fecha 30 de abril de 2009, de hecho, recogía la imposición de 1,5 millones de euros a consecuencia de tales procedimientos sancionadores, dirigidos contra el mercado central como responsable último del género depositado en su interior.