La Confederación Española de Policía (CEP), sindicato que representa los intereses profesionales de 25.000 agentes en toda España, ha anunciado, a través de su Comité Regional de Castilla-La Mancha, que va a poner en manos de sus servicios jurídicos el conjunto de denuncias por malos tratos que, "con una reiteración e insistencia especialmente llamativa", están interponiendo algunas personas detenidas contra funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de Albacete.

Estos hechos, que suponen la citación judicial de policías en calidad de imputados, suelen terminar en archivos o sobreseimientos de los procedimientos abiertos pero, por el contrario, generan una "sensación de indefensión" entre los agentes, que deben velar por la seguridad ciudadana de los vecinos de esta ciudad, según asegura la Confederación en nota de prensa.

Por ello, y analizando cuántas de estas diligencias previas terminan descartando el testimonio de los denunciantes, estudia ejercer las correspondientes acciones judiciales contra todos aquellos detenidos que, "de una forma reiterada y con evidente desprecio a la verdad", denuncien por malos tratos a los policías que previamente les han puesto a disposición judicial.

"Se trata —según la CEP—, desde el respeto al derecho que todo ciudadano tiene para recurrir a la Justicia cuando considera que ha sido víctima de un delito por parte de un funcionario público, de poner fin a una práctica que, por su reiteración y efectos sobre los profesionales de la seguridad, empieza a resultar sospechosa".

En opinión de la Confederación, este tipo de comportamientos no van a conseguir trasladar a la sociedad una "imagen distorsionada" de la Policía, "que está formada por el colectivo de funcionarios que mayor carga legal soporta en este país y que dispone, precisamente para evitar cualquier comportamiento que se desvíe de la ética o legalidad, de numerosos mecanismos internos y externos de fiscalización de nuestras intervenciones".

Estadísticas oficiales

En el caso de Albacete, y según las últimas estadísticas oficiales disponibles del Ministerio Fiscal, durante 2009 no se registró ni una sola diligencia previa por torturas o por detención ilegal por funcionario público y sólo dos por tratos degradantes (el 0,5% del total de toda España), teniendo en cuenta que en el balance se incluye también a las Policías Locales y a la Guardia Civil.

Por el contrario, la Fiscalía de Albacete intervino en 52 diligencias previas por atentado y en 66 por resistencia grave o desobediencia a autoridad o agentes. Con estas cifras en la mano, dice la CEP, resulta "evidente" cuál es la calidad profesional de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía destinados en la ciudad.

Por todo ello, "y en el caso de que se siga detectando una tendencia preocupante de denuncias reiteradas que posteriormente terminan siendo desestimadas en primera instancia o mediante los correspondientes recursos", la Confederación Española de Policía —no sólo en Albacete sino en toda Castilla-La Mancha— tomará medidas legales en los casos "más sangrantes", en cuanto a reiteración de denuncias contra policías o falsedad evidente en los testimonios que respalden las mismas.