UGT-A se ha personado el 6 de febrero en la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada para poder actuar judicialmente frente al recurso contencioso administrativo de derechos fundamentales presentado por CSIF contra el acuerdo alcanzado el último 29 de octubre entre UGT, CCOO y Junta de Andalucía sobre el decreto ley de reordenación del sector público.

Según ha indicado UGT-A en una nota, el recurso presentado por CSIF "pretende la anulación del decreto ley y la suspensión cautelar de la medida que ha permitido la reintegración al sector público de servicios pseudoprivatizados y externalizados anteriormente".

Por ello, UGT-A actuará en dicho procedimiento "como codemandado y defenderá la legalidad del acuerdo y del decreto ley que ha permitido, así como el mantenimiento de dichas normas por ser ajustadas plenamente a derecho".

Ha resaltado que el acuerdo alcanzado entre UGT, CCOO y Junta de Andalucía sobre este Decreto Ley conlleva, entre otros "la no pérdida de empleo ni de derechos laborales o profesionales a ningún trabajador laboral o funcionario de la Junta de Andalucía, manteniéndose en todo momento el carácter de personal laboral o funcionario que en la actualidad ostenta; la integración en cualquier agencia pública empresarial, departamento o centro de forma voluntaria tanto para el personal laboral como para el funcionario".

Asimismo, destaca que "se asegura la negociación de futuras medidas de reordenación, estatutos, planes iniciales de negociación, protocolos de integración de la administración instrumental; la defensa de los derechos y los intereses de la 'clase trabajadora' y no los de 'una clase de trabajadores' frente a otros; que el personal procedente de entes instrumentales se subrogará según el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y tendrán la consideración de personal laboral de las agencias".

UGT-A también ha defendido la "transparencia, de forma que el acceso a funcionario o personal laboral fijo de la Junta de Andalucía sólo se podrá llevar a cabo mediante la superación de los procedimientos de acceso establecidos para la Administración Pública; y además este decreto ley conlleva mantener el servicio público como gestión pública, y la reinserción en lo público de lo que estaba privatizado o externalizado".