El Defensor del Pueblo Andaluz ha recomendado a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social que suscriba convenios con los Colegios Profesionales de Psicología y Trabajo Social a fin de que éstos puedan emitir una segunda opinión o "valoración contradictoria" en los casos de familias que desean realizar una adopción internacional y que no han obtenido un certificado de ideonidad en sentido positivo.

La institución que dirige José Chamizo alega, en una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha recibido numerosas quejas de familias que no fueron consideradas aptas como adoptantes porque la entidad privada a la que Igualdad tiene encomendado desde 2008 esta tarea de certificación basó la negativa "en juicios sobre cuestiones tan subjetivas como las intenciones, vivencias o aceptación de sentimientos" de los futuros padres.

Según explica la Defensoría andaluza, la evaluación de la idoneidad para la adopción se sustenta, en la práctica, tanto en aspectos "de más fácil comprobación por ser tangibles y mensurables" —capacidad económica, relaciones familiares, ausencia de enfermedades, estado de la vivienda, organización familiar, habilidades para la educación— como también en "otros apartados más susceptibles de interpretación subjetiva, muy relacionados con la parte emocional de las personas".

Es decir, que dejando a un lado los aspectos fácilmente comprobables y descartando la existencia de indicios de posibles patologías mentales, la búsqueda de la ideonidad "se adentra en el mundo de aquellas otras cuestiones mucho más subjetivas que, aún siendo relevantes para la adopción, no pueden ser llevadas al extremo de excluir a la persona de su expectativa de adoptar con fundamento en hipótesis carentes de comprobación, o con fundamento en interpretaciones poco consistentes de lo relatado en las entrevistas, conforme a la teoría de una concreta corriente doctrinal de la psicología", argumenta el Defensor en su resolución.

Es por ello por lo que recomienda a la Administración que, además de conveniar con los colegios de psicólogos y trabajadores sociales para que éstos puedan emitir una segunda valoración con la que las familias puedan reclamar ante la Comisión Provincial de Medidas de Protección, promueva la elaboración de "un manual o documento técnico que describa los instrumentos, procedimientos y criterios a utilizar en el procedimiento de valoración de idoneidad" para que, de este modo, haya "homogeneidad" en la labor de los profesionales que intervienen en dicho proceso.

En esta misma línea, y para evitar que los evaluadores elaboren el certificado de idoneidad conforme a distintos criterios y para "huir de inconcreciones, falta de rigor o arbitrariedades" en dicho documento, Chamizo solicita que se "establezca reglamentariamente un formato de informe de valoración de idoneidad con diferentes apartados a cumplimentar de forma obligatoria por el personal que elabore dicho informe". En él, apostilla, "habrá de reseñar con detalle tanto el método de trabajo y las técnicas empleadas, como el apoyo científico o doctrinal de determinada conclusión", ya que en psicología existen distintas corrientes o sectores doctrinales que, ante los mismos hechos, pueden reflejar distintas conclusiones.

Grabación de las entrevistas personales

Otro tema importante que el Defensor del Pueblo Andaluz destaca del estudio de la idoneidad es el de las entrevistas personales a las que, tal y como establece el decreto sobre Acogimiento Familiar y Adopción, las familias deben someterse en su domicilio, como mínimo, una vez. En ellas, los futuros adoptantes están obligados a cumplimentar las pruebas y cuestionarios que los evaluadores le indiquen y éste analizará todos aquellos datos, conductas y sucesos que acontezcan durante el encuentro para su posterior valoración.

Advierte Chamizo al respecto que en la comunicación entre personas el lenguaje no exclusivamente verbal, apoyado en la entonación y énfasis de las palabras, en gestos, actitudes, miradas u otras formas de expresión corporal, "llegan a ofrecer tanta o más información que la manifestada sólo por palabras". De ahí que recomiende, con la previa autorización de los solicitantes, la grabación audiovisual de estas entrevistas y la entrega de una copia de las mismas a las familias.

"Desde nuestro punto de vista consideramos positivo el hecho de que se documente con elementos videográficos el expediente de valoración de idoneidad, lo cual no obsta para que resaltemos que en dicho proceso habrán de garantizarse la integridad de los derechos a la propia imagen e intimidad personal de las personas afectadas, recabando los consentimientos necesarios y adoptando las medidas previstas en la legislación para el tratamiento y almacenaje de los documentos personales obtenidos", señala en su resolución.

Más agilidad en los trámites

La falta de agilidad en el proceso de obtención de la ideonidad también ha sido criticada por la Defensoría andaluza. Ante ello, solicita a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social que dicte "instrucciones u órdenes de servicio a fin de que, tras recibir el informe de idoneidad, se proceda a notificar sin dilaciones el mismo a la persona evaluada para que pueda presentar alegaciones al mismo y éstas puedan ser trasladadas junto con el informe y consiguiente propuesta a la Comisión Provincial de Medidas de Protección".

También le ha pedido que adopte "las medidas precisas para agilizar la tramitación de los procedimientos de valoración de idoneidad, ajustando su duración al período de seis meses previsto" en el Decreto sobre Acogimiento Familiar y Adopción y que vigile "de forma estrecha la información que se solicita a las personas que se someten a evaluación, cuidando que tales datos sean pertinentes para el proceso valorativo, evitando con ello intromisiones innecesarias en la intimidad de las personas".

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