El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco TSJPV ha declarado ilegales cinco artículos del convenio de residencias de mayores privadas de Gipuzkoa, suscrito por Adegi, Lares, CCOO y UGT el pasado mes de noviembre, según ha informado el sindicato ELA en un comunicado.

ELA ha recordado que el pasado 4 de noviembre ADEGI, LARES (fundación José Matia Calvo y la residencia Municipal Zorroaga de San Sebastián) firmaron, junto con CCOO y UGT (que entre ambos representan al 17 por ciento de los trabajadores del sector de las residencias de personas mayores), este acuerdo en minoría y que tenía como objetivo el regular las condiciones de casi 4.000 empleados, siendo 90 por ciento de las plantillas femeninas.

El convenio era a su vez fruto de un acuerdo previo alcanzado entre el departamento de Política Social, dirigido por la diputada foral Maite Etxaniz, y Adegi y Lares en agosto y que "pretendía imponer determinados contenidos ilegales y antidemocraticos, eliminar los pactos de Empresa y establecer unas condiciones laborales a la baja", ha denunciado ELA.

El sindicato ha indicado que el pasado 1 de febrero el TSJPV le ha dado la razón declarando "con argumentos contundentes, nulos de derecho cinco artículos y preceptos del citado acuerdo" y utilizando expresiones como "manifiestamente ilegales" y que "vulnera los derechos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico".

ELA ha destacado que esta sentencia pone de manifiesto que "el grave intento de imponer contenidos antidemocrático, disposiciones ilegales y artículos nulos a miles de mujeres que trabajan en condiciones de precariedad, ha fracasado y pone a cada uno en la parte de la foto en el que le corresponde estar".

A su juicio, "es vergonzoso que CC.OO. y UGT hayan puesto rubrica en un documento en el que un juez, sin ningún titubeo, declara que vulnera la ley orgánica de libertad sindical".

DIMISION

Asimismo, ha considerado que la Diputación de Gipuzkoa queda "desacreditada y políticamente tocada" con la decisión del Tribunal. En este sentido, ELA ha acusado a Etxaniz de pretender "jugar sus bazas de manera antidemocratica, impulsando un determinado modelo de relaciones laborales que en la practica suponía negar el derecho a la negociación a la mayoría sindical del sector de las residencias".

Por ello ha pedido su dimisión. ELA ha explicado que, actualmente, hay un acuerdo en minoría al que el TSJPV le ha anulado cinco artículos y disposiciones y por tanto la parte no anulada del acuerdo está en vigor y es de obligado cumplimiento y debe ser aplicado.

El sindicato ha anunciado que "va a ser muy exigente en el cumplimiento los salarios acordados y en la correcta gestión de la sentencia", ya que "se deben pagar con carácter retroactivo los salarios de todo el mundo se hayan adherido antes del 31 de diciembre o con posterioridad".