El Ayuntamiento de Palma proseguirá, a través del Juzgado de lo Civil, con el proceso de desalojo de varias familias del poblado chabolista de Son Banya, que "no cumplen los requisitos necesarios para permanecer en este núcleo", al entender que la vía judicial es una medida "más rápida" que la vía administrativa.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que, una vez ha concluido el periodo previsto para el desalojo voluntario de las cerca de 40 familias afectadas, el Ayuntamiento se dirigirá al Juzgado de lo Civil para culminar los desalojos previstos.

Así, ha detallado que de las familias que fueron notificadas, 13 presentaron un escrito de queja al Consistorio y 5 iniciaron una suspensión cautelar de los desalojos por la vía judicial, si bien ésta fue desestimada por el juez en cuatro casos, quedando la quinta pendiente todavía de juicio.

Por su parte, ha informado de que otras familias que optaron también por la suspensión cautelar no han visto su petición admitida a trámite.

Precisamente, el pasado 26 de enero, alrededor de 70 vecinos de Son Banya se concentraron frente al Ayuntamiento de Palma para rechazar el derribo del 85 por ciento de las 90 casas de este poblado palmesano, lo que afectará a entre 35 y 40 familias a las que el Consistorio les ha ofrecido una vivienda en alquiler con opción a compra en otra zona de la capital balear.

Así, esta concentración se llevó a cabo, después de que el departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento enviara unas cartas a un gran número de vecinos de Son Banya en la que les informaba de que tenían un plazo de quince días para desalojar las viviendas, dado que éstas iban a ser derribadas, en el marco del plan de realojo, con el fin de desmantelar este barrio.

De este modo, los vecinos reclamaron al regidor de Bienestar Social, Eberhard Grosske, que se siente en una mesa con ellos para llegar a un acuerdo "pacífico que convenga al Ayuntamiento y a los residentes de Son Banya", de forma que les ofrezca unas condiciones "más dignas" para abandonar sus viviendas y, en caso contrario, que les dejen vivir "tranquilos" en sus pisos actuales y les "arreglen" el barrio como "una zona de Palma más".

De este modo, los vecinos rechazaron la propuesta que les ha hecho el Consistorio y que consiste en abandonar sus casas para que éstas sean derribadas, a cambio de un piso en alquiler en otra zona de Palma, que, en un plazo de cinco años, tendría opción a compra. Concretamente, el pago del alquiler corresponderá con el 20 por ciento del sueldo que perciba mensualmente el cabeza de familia, según explicó el portavoz vecinal, Miguel Ángel Heredia.