El juez decreta el ingreso en prisión sin fianza de los 6 rumanos detenidos en A Coruña por explotar a compatriotas

Les imputan delitos de trata de seres humanos, detención ilegal y amenazas

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de A Coruña ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para los seis ciudadanos rumanos detenidos por explotar a compatriotas, tras el registro la pasada semana de cinco pisos en el municipio coruñés de Arteixo, según ha informado la Jefatura Superior de Policía, que da por "desarticulada" esta organización.

A los detenidos, se les imputan los delitos de trata de seres humanos con imposición de condiciones de esclavitud, detención ilegal, amenazas y coacciones, así como delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la integridad moral y el orden público, según han concretado las mismas fuentes policiales en un comunicado.

La operación, denominada 'Danubio', se inició en mayo del año pasado a cargo de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) de A Coruña, con la colaboración del Grupo Operativo de Fronteras y la Policía Judicial, entre otros, a raíz de las informaciones obtenidas del asentamiento de la organización investigada en la zona de Arteixo.

Con anterioridad, esta misma organización había operado en la zona de Vigo y Redondela, donde varios de sus miembros fueron detenidos en el año 2002 por hechos similares a los investigados. Según la Policía Nacional, su traslado y asentamiento en la provincia de A Coruña se debió a disputas y confrontaciones con otras organizaciones criminales para monopolizar su actividad ilegal. Estos enfrentamientos derivaron en actos violentos, con uso de armas blancas y de fuego.

Estructura jerarquizada

Tras estos incidentes, en mayo de 2010 la Ucrif articuló varios dispositivos policiales de investigación sobre los miembros de la organización, formada íntegramente por rumanos, conocidos como la 'Familia Lacatus'.

Según la Jefatura Superior de Policía, la red funcionaba como un "clan familiar", con una estructura jerarquizada y reparto de roles y tareas. En Rumania, contactaban con las víctimas, a las que ofrecían puesto de trabajo estable en España y una vivienda digna. La organización les financiaban el viaje, consiguiendo de este modo generar una deuda.

Hacinados y sin casi alimento

Cuando las víctimas llegaban, eran alojados en viviendas controladas por los miembros de la organización en condiciones de hacinamiento y sin disponer de las mínimas condiciones de habitabilidad, como muebles, camas o aseos.

La Policía ha explicado que se alimentaban "con restos de comida que cogían en los contenedores de basura, ya que las dos comidas diarias que le facilitaba la organización era a base de productos caducados y carne no apta para el consumo humano —para animales domésticos y de compañía— también caducada".

Asimismo, indica que los miembros de la organización los controlaban "en todo momento, impidiéndoles el desplazamiento libre o abandonar las viviendas". A su llegada a España, también les retiraban sus documentos de identidad.

Jornadas abusivas sin salario

Cuando no eran explotados en el sector de la construcción, donde se les obligaba a realizar jornadas abusivas de trabajo (15 horas diarias de lunes a sábado) sin percibir salario alguno, eran trasladados en vehículos de la organización por distintos puntos de la geografía de Galicia y León, pegando carteles publicitarios de las empresas de obras y reformas que dirigían los explotadores.

Los miembros de la organización amenazaban a las víctimas con hacerles daño a ellas o a sus familiares en Rumanía. La Policía asegura que también se dedicaban "a la explotación laboral de subsaharianos en el sector de la construcción y reformas".

En los cinco pisos registrados en Arteixo, se incautaron numerosos efectos relacionados con las actividades ilícitas de la organización. Además de armas blancas y una pistola detonadora, la Policía se incautó de una caja de munición de 50 cartuchos; 52 teléfonos móviles; documentación empresarial relacionada con la explotación laboral de sus víctimas y 5.430 euros.

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