Alternatiba de Gipuzkoa ha promovido un escrito, al que se han sumado PSE, PP, EB y Aralar, para exigir al diputado general guipuzcoano, Markel Olano, "la retirada de su última campaña de autobombo pagada con dinero público, porque vulnera la Ley".

El juntero de Alternatiba en las Juntas Generales de Gipuzkoa Jon Lasa ha explicado que en este documento se insta a Olano a que "retire, en el plazo de seis días, la campaña de autobombo que ha sacado a licitación su Gabinete, por valor de 227.150 euros", ya que "vulnera la Ley de Publicidad Institucional, que señala que no se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad o comunicación, que tengan como finalidad destacar los logros de gestión".

Lasa ha recordado que el pasado día 2 de febrero el Boletín Oficial de Gipuzkoa publicó el anuncio de licitación de un contrato de 'Servicios de difusión en prensa, radio, exteriores e Internet de la comunicación del balance del Plan de Gestión de Legislatura de la Diputación foral'.

El monto total del contrato, tramitado por procedimiento de urgencia para poder hacerlo justo antes de las elecciones, "asciende a la friolera de 192.500 euros, a los que hay que sumar otros 34.650 euros, 18 por ciento de IVA", ha señalado.

Lasa ha subrayado que no sólo es "un escándalo y una auténtica vergüenza que, en plena crisis y a cuatro meses de las elecciones, Olano se gaste un dineral en autobombo", sino que, además, vulnera la Ley de Publicidad Institucional.

"La campaña cuya cesación se solicita, incurre de plano en la prohibición contenida en la letra A del apartado 1 del artículo 5 de la Ley citada, según el cual no se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad o comunicación, que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos mencionados en el artículo 2", ha explicado.

Además, el juntero de Alternatiba ha indicado que la campaña cuya licitación se anuncia "no responde a ninguno de los objetivos que permiten realizarlas, según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 6/2010", ya que "no concurren razones de interés público y no responde ni al principio de austeridad en el gasto ni a facilitar el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de sus derechos a los ciudadanos".