El presidente de la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC), Francisco Caja, presentará este miércoles una querella criminal contra la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat. La querella considera que la Conselleria incurre en un delito de prevaricación al no incluir en el documento de preinscripción escolar una casilla para la escolarización en castellano de los alumnos.

En rueda de prensa, Caja ha explicado que la Conselleria "se ha convertido en un delincuente" por publicar a sabiendas una resolución injusta (porque no se ajusta a derecho), lo que supone para CCC un delito de prevaricación, y ha apuntado que la querella irá directamente contra la directora general de atención a la familia, Meritxell Ruiz (que firma la resolución) y a la consellera Irene Rigau (como responsable última de la orden).

Caja ha explicado que después de presentar la querella Rigau deberá resolver el recurso de inmediato, y en caso de que confirme la resolución "incurrirá en un delito de ilegalidad", algo que augura que suceda con toda probabilidad. Según las estimaciones de Caja, la resolución positiva de la querella puede comportar la inhabilitación de la consellera y de la directora general entre siete y diez años de la función pública.

Caja pretende agotar todas las acciones legales posible, ya que ha advertido de que Rigau está incurriendo en desobediencia a los tribunales y se le puede aplicar un procedimiento de ejecución forzosa, "si se empecina" en aplicar la inmersión en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatut y el Tribunal Supremo (TS) contra la inmersión.

Además de este procedimiento penal, CCC presentará un contencioso-administrativo por la vía ordinaria contra la resolución del Govern, que para CCC vulnera el derecho constitucional de recibir una enseñanza bilingüe, algo que desea la mayoría de la población catalana.

Indemnizaciones de 3.000 euros

Por otra parte, Caja ha asegurado que la Generalitat ha incurrido también en un delito de responsabilidad patrimonial por los 17 años de inmersión lingüística en los que no ha aplicado la enseñanza bilingüe, de modo que tres familias ya están en trámites con CCC para pedir indemnizaciones de hasta 3.000 euros cada una (que cuentan sólo el periodo de un año).

"Reclamarán indemnizaciones por el tiempo que han estado sin la prestación básica", ha dicho Caja, quien ha animado a todas las familias que sientan vulnerados sus derechos a pedir estas indemnizaciones.