El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha respaldado el derecho de la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV) a presentar una denuncia sobre la "deficiente atención" recibida por una persona en una residencia de mayores.

En un primer momento, la entidad vecinal se había dirigido al Servicio de Inspección de Servicios Sociales, pero este órgano acordó no admitir a trámite la petición. La FECAV formuló recurso a este rechazo, que le fue denegado —por silencio administrativo— por la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria, y entonces optó por llevar el caso a los tribunales.

Los argumentos que daba la Administración para no admitir a trámite la petición de la federación vecinal era la falta de una serie de documentación que les habían pedido, como el consentimiento del afectado para presentar denuncia, y el acuerdo de la asamblea en el que se decidió dirigirse al documento (con relación de número de asistentes, orden del día, etc...).

En primer lugar, el TSJC considera "ocioso" pedir la autorización del afectado, ya que la denuncia no se presentaba en nombre del afectado, sino que la hacía la propia FECAV, porque entre sus fines se encuentra la defensa de los intereses de las personas dependientes.

El tribunal incide en la "falta de argumentos sólidos" de la Administración, a la que reprocha su "odio formalismo" por la petición de los documentos. Al carecer de "razón alguna" para reclamarlos, dictó una resolución contraria a derecho, pues la FECAV el derecho a que, al menos, se admitiera a trámite su denuncia.

Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo niega, como planteaba el Ejecutivo, que la FECAV no estuviera legitimado para poner estos hechos en conocimiento del Gobierno, y lamenta que archivara "de plano" la denuncia vecinal sin haber realizado "la más mínima investigación".