Arca pide al Senado que mantenga la Ley de Costas "sin cambios"

La asociación ecologista Arca ha pedido este martes a los grupos políticos del Senado que mantengan la Ley de Costas "sin cambios" ya que, a su juicio, la proposición de ley presentada por el PP "no es la respuesta adecuada" a los problemas que puedan tener el "medio centenar" de empresas afectadas en Cantabria por la normativa.

La asociación ecologista Arca ha pedido este martes a los grupos políticos del Senado que mantengan la Ley de Costas "sin cambios" ya que, a su juicio, la proposición de ley presentada por el PP "no es la respuesta adecuada" a los problemas que puedan tener el "medio centenar" de empresas afectadas en Cantabria por la normativa.

El Pleno del Senado aborda este martes y el miércoles la propuesta del PP para reformar la Ley de Costas, que pide que se "singularice" la situación de cada propiedad afectada por el fin de los plazos dados en su día para el deslinde de los dominios públicos marítimo-terrestres.

Arca ha reiterado en un comunicado que es "radicalmente falso" que la disposición de la Ley de Costas que establece una concesión de 30 años, que vence en 2018, afecte al polígono de Raos.

Además, ha asegurado que los problemas que puedan tener las "pocas" empresas afectadas son "fácilmente subsanables sin necesidad de dinamitar" la Ley de Costas.

Ha señalado que la "mayor parte" de las zonas a devolver al dominio público en 2018 son antiguas marismas aisladas por diques y no afectan a "ninguna edificación", por lo que, a su juicio, la propuesta del PP "pone en peligro" la restauración de unos espacios de "altísimo" valor biológico y generadores de vida en el medio marino.

En este sentido, Arca ha asegurado que la proposición de los populares "impediría" la recuperación de importantes humedales en el entorno de Santoña, Santander y San Vicente de la Barquera.

Por otra parte, la asociación ecologista ha rechazado que pueda hablarse de inseguridad jurídica —a la que sí se refieren los populares— con relación a una ley que se publicó hace 22 años y ha opinado que las empresas que decidieron instalarse en zonas costeras tienen que aceptar las limitaciones establecidas por la Ley de Costas "exactamente igual que el resto de españoles".

Ha añadido que "en ningún caso" estas limitaciones establecidas por esta normativa afectan a la propiedad o a la continuidad de su actividad industrial.

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