El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes una moción de ERC que plantea un "modelo alternativo" de la gestión aeroportuaria que contemple la "posición determinante" de los gobiernos autonómicos y las administraciones territoriales en las decisiones estratégicas que afecten a "aeropuertos singulares" como Madrid-Barajas o Barcelona- El Prat, incluyendo la fijación de las tasas.

La iniciativa propone que el Estado, mediante "contratos específicos", ceda el uso del dominio público aeroportuario a cada uno de los "aeropuertos singulares", controlados por un consorcio público participado por el Estado, la comunidad autónoma donde se ubique el aeródromo, las administraciones locales concernidas y las instituciones económicas más relevantes que asumirá al gestión "por su cuenta y riesgo".

En dicho consorcio, las administraciones territoriales tendrán una "posición determinante" en decisiones sobre la fijación de estrategias de desarrollo, negociación de convenios bilaterales de transporte aéreo, o la gestión de 'slots' y establecimiento y modificación de tarifas, "de acuerdo con las directivas europeas".

Asimismo, ERC reclama un régimen de contraprestación de los servicios aeroportuarios basado en "precios privados", para garantizar la libre competencia entre los distintos gestores. Para ello, debería modificarse la clasificación de "aeropuertos de interés general" reservando esta calificación sólo a los de uso "eminentemente militar".

Erc rechaza el modelo de aena.

Hace dos semanas, el portavoz de ERC, Joan Ridao, aseguró en un debate parlamentario con el ministro de Fomento, José Blanco, que el nuevo modelo de AENA, con el que se dará entrada al capital privado en un 49% y se liberalizará la gestión en Barajas y El Prat, supone "un cambio para que nada cambie".

A su juicio, el sistema de tasas, que se aprueban conjuntamente con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), adolece de una rigidez añadida que lo hace "inapropiado y contradictorio" con una política comercial flexible.

A su juicio, la creación de sociedades filiales no responde a la vocación de la Generalitat de "una gestión individualizada y plenamente autónoma" para El Prat, ni a lo aprobado por la sociedad catalana en el artículo 31 del Estatut, sin dar ocasión a que El Prat "pueda establecer su propia política comercial y apartarse del modelo en red como tentáculo de un gran hub como Barajas".