El Grupo Popular de la Diputación de Toledo, por boca de su portavoz, Jaime Ramos, ha anunciado que su partido va a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario en la institución provincial para que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, no suprima la parte incondicionada o para gastos corrientes del Fondo Regional de Cooperación Local (FORCOL).

Ramos, que ha comparecido en rueda de prensa junto al vicepresidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres; y el presidente del Comité de Alcaldes del PP regional, Sebastián García, ha explicado que el PP quiere que Barreda "rectifique públicamente" las afirmaciones hechas sobre la eliminación del FORCOL, y a que nunca más vuelva a llamar "grasa" a los ayuntamientos, según ha informado el PP en nota de prensa.

"Hay que exigir a Barreda que se mantenga el FORCOL, tal como marca la ley y como vía de financiación de los ayuntamientos, y que cumpla los compromisos adquiridos por la Junta y no demore un día más el pago a los ayuntamientos del fondo, cuyo último pago debía haberse hecho el pasado 30 de septiembre", ha añadido.

Dicho esto, ha invitado a los diputados socialistas de la Diputación a que en el Pleno se sumen a estas peticiones, "porque los pueblos de Toledo lo necesitan y deben estar por encima de actuaciones partidistas y partidarias, y si no son capaces de molestar al jefe Barreda, entonces en el mismo pleno que propongan medidas extraordinarias desde la Diputación para evitar la ruina de muchos municipios toledanos".

Ramos ha recordado que el PP lleva mucho tiempo denunciando la situación económica "desesperada" por la que pasan los ayuntamientos por las deudas que el Gobierno socialista de Barreda tiene con ellos y teniendo en cuenta, además, que "se están haciendo cargo de dar a los ciudadanos servicios que en realidad corresponden a la Junta de Comunidades".

El portavoz 'popular' lamentó que lejos de escuchar el "grito de socorro" de los municipios, Barreda ha hecho "todo lo contrario y ahora los ayuntamientos están al borde de la quiebra", porque "para colmo, cuando los ayuntamientos tienen sus presupuestos cerrados y en funcionamiento, se anuncia un recorte del FORCOL", que en su opinión va a ser la "puntilla que acabe definitivamente" con unos ayuntamientos que hace tiempo tienen cada día "mas difícil salir adelante".

Lealtad institucional

En la misma línea, Lucas-Torres ha destacado que con estas medidas Barreda se ha saltado el principio de lealtad institucional, porque tanto la Junta de Comunidades como el Estado español tienen obligación de ceder parte de sus tributos a los ayuntamientos. "El señor Barreda no regala nada a los ayuntamientos ni les cede nada que no les corresponda por Ley, como recogen el artículo 142 de la Constitución, el artículo 78 del Estatuto de Autonomía o el artículo 48 de la Ley de Haciendas Locales".

Pero para Lucas-Torres, lo "más grave" es que ahora intenten "engañar" sobre este asunto "y no nos engañan a los alcaldes, porque el dinero que nos han quitado a los ayuntamientos no se lo quitan al alcalde ni a la corporación, sino a todos y cada uno de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y a todos los proveedores que el Ayuntamiento no puede pagar".

Por su parte, Sebastián García ha asegurado que el anuncio de Barreda de reducir el FORCOL ha puesto en "alarma" a todos los ayuntamientos de la región, "porque nos están quitando un dinero que es de nuestros ciudadanos, que necesitamos para cumplir servicios básicos necesarios como es la limpieza viaria, el alumbrado, etc., y que no se van a poder cumplir con ese recorte en el FORCOL, que son 32 millones de euros menos que van a ir a los Ayuntamientos para gastos corrientes".

Por último, ha explicado que el Partido Popular está presentando "mociones en todos los ayuntamientos y tendremos que hacer las movilizaciones necesarias para que los ciudadanos a los que representamos no vean mermados sus servicios", mociones que según explicaron los dirigentes 'populares', en muchos casos están siendo aprobadas por unanimidad porque "no se trata de un problema de color político, sino de la asfixia a los ayuntamientos independientemente de quién gobierne en los mismos".