El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha pedido que sea el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el que comparezca en el Parlamento andaluz para explicar los expedientes de regulación de empleo aprobados por la Consejería de Empleo en los últimos años, ya que "las palabras del ex director general de Trabajo Javier Guerrero son de una gravedad enorme", de forma que "está en juego el prestigio de la Junta y de sus dirigentes".

Valderas considera que las declaraciones ante la Policía Judicial de Guerrero son de una gravedad enorme y ello exige que por parte del Gobierno andaluz se comparezca con carácter de urgencia y que se abra la puerta a la creación de una comisión de investigación, que ponga luz y taquígrafos ante una materia en la que se habla de casi 700 millones de euros que se han utilizado de forma irregular".

Por ello, ha pedido "transparencia e investigación", toda vez que, a su juicio, "si no hay nada que temer, no hay nada que esconder y si no hay nada que temer el mejor camino es la comisión de investigación en el Parlamento".

En ese sentido, ha recordado que dicha comisión de investigación se pidió "desde el momento en que sale el ERE de Mercasevilla y se producen las denuncias sobre errores e ilegalidades en el mismo, pero ahora lo que hay sobre la mesa es mucho más escandaloso, pues se habla de que prácticamente todos los ERE desde el año 2000 hasta la actualidad han ido por vías irregulares e ilegales".

Por ello, ha considerado que "se está poniendo en tela de juicio la capacidad de solvencia de todo el Gobierno andaluz y la propia capacidad de solvencia del presidente de la Junta, que debe estar más interesado que nadie en que esto se esclarezca".

"Debe existir una investigación política que establezca responsabilidades políticas y administrativas, no vale sólo con el camino judicial, que hay que recorrer y meter en 'chirona' a quien haya que meter si ha utilizado fondos públicos para fines o intereses muy particulares", ha agregado Valderas, para el que "está en juego el prestigio de la Administración andaluza y de los miembros de la Junta, a los que se les acusa de haber usado casi 700 millones de forma irregular e ilegal".

Asimismo, considera que "la acusación es muy grave y viene de mano de la juez que está investigando y de la Policía Judicial, más allá de la declaración de un ex director general".

En ese sentido, Valderas cree que el presidente de la Junta "es el máximo responsable del Consejo de Gobierno y con un problema de tal magnitud y escándalo de tal alcance, no estaría mal que diera él la cara, porque además Griñán estuvo en los dos gobiernos investigados siendo responsable de la Consejería de Economía y de la política presupuestaria, no sólo son responsables los dos consejeros sino que el presidenta sale tocado por esta situación si no se aclara adecuadamente.

Por otro lado, Valderas considera que en este caso "no está sobre la mesa si se han fiscalizado o no estos recursos sino saber si se han utilizado legítimamente y regularmente o no y si se han utilizado de forma opaca e interesada, la cuestión es saber si ha habido malversación, tráfico de influencias, amiguismo o favoritismo, ese es el debate".

"Todos debemos estar interesados en que la Administración salga prestigiada, no desprestigiada, y acusaciones como ésta desprestigian a la Administración pública andaluza, al Gobierno andaluz y a quienes lo dirigen", se ha lamentado.