El Gobierno vasco es partidario de impulsar una reforma tributaria que, de forma paulatina, sitúe la presión fiscal de los tributos concertados en torno al 20,5 del Producto Interior Bruto (PIB), según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, en una respuesta a una pregunta parlamentaria de EA recogida por Europa Press.

En la contestación a EA, recogida por Europa Press, Aguirre señala que "la necesidad de realizar una reflexión profunda" sobre el sistema fiscal —asunto que se ha aplazado hasta después de las elecciones forales de mayo— se enmarca en los objetivos de "recobrar el equilibrio entre ingresos y gastos públicos" y de "mantener y mejorar" los servicios sociales.

Aguirre reconoce "la particular complejidad" del entramado institucional de Euskadi, donde la competencia recaudatoria recae en las diputaciones, las cuales aportan posteriormente el 70 por ciento de lo recaudado al Gobierno autonómico.

No obstante, asegura que el Ejecutivo está "dispuesto de ofrecer alternativas en el ámbito de los ingresos, de la fiscalidad". Aguirre afirma en su respuesta que el Gobierno "ya ha dado los primeros pasos para abrir esa reflexión sobre el funcionamiento de nuestro sistema fiscal", para lo que ha realizado sus aportaciones en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE), que reúne a Ejecutivo y diputaciones.

Estas propuestas, según indica, parten de la base de que "las medidas o modificaciones tributarias a las que pudiera dar lugar el proceso de reflexión sobre nuestro sistema fiscal no han de entorpecer u obstaculizar la recuperación económica".

Además, han de servir para "mejorar el potencial recaudatorio" del sistema fiscal del País Vasco de nuestro sistema fiscal". El consejero afirma que esto "significa reorientar y reconducir" el modelo tributario, "examinando la idoneidad y eficiencia de los tratamientos y beneficios fiscales vigentes, y analizando la necesidad de ampliar las bases imponibles o de evaluar los tipos impositivos efectivos resultantes".

El objetivo, según explica, es que "a la vez que se avanza hacia una senda estable de crecimiento económico, puedan recobrarse paulatinamente niveles de presión fiscal de nuestros tributos concertados compatibles con el desarrollo de nuestro estado del bienestar, y que pueden cifrarse en torno al 20,5 por ciento del PIB".

La recaudación prevista para este año ronda los 12.500 millones de euros, un 5,9 por ciento más que la previsión de cierre de 2010. De cumplirse las expectativas para 2011, la presión fiscal se situaría este año en el 18,4 por ciento. FRAUDE

Por otra parte, en el ámbito de la lucha contra el fraude, recuerda que el Gobierno ha propuesto en el OCTE "alcanzar un compromiso público compartido a través de un mensaje conjunto y un programa de colaboración interinstitucional".

A través de esas medidas se trataría de presentar periódicamente los medios y las medidas puestas en marcha, así como su eficacia, tanto en el apartado del fraude fiscal, como del control de los programas de gasto.